Tradicionalmente la electricidad llega a nuestras casas, comercios, calles o centros industriales después de que se produjo en plantas de generación, y se transportó vía las grandes líneas eléctricas que vemos sobre todo en las carreteras, y después en líneas eléctricas de mucho menos tamaño, como las que vemos en cualquier calle.
Las líneas de transmisión o de distribución constituyen un monopolio natural que debe ser regulado por un ente especializado y que requiere de grandes inversiones para su construcción, y posteriormente de recursos frescos para su operación y mantenimiento. No es extraño que en el mundo la propiedad y responsabilidad de las grandes líneas, las de transmisión, esté centralizada en un solo dueño; pero también es común que las pequeñas líneas, las de distribución, sean propiedad de empresas municipales -públicas o privadas- dada su cercanía con el consumidor final.
En nuestro país la posibilidad jurídica de la generación está abierta a cualquiera con el dinero y la capacidad técnica para invertir y operar las plantas. Sólo las nucleoeléctricas caerían en la exclusividad del Estado. La transmisión y distribución de electricidad, aun después de la reforma energética, es atributo único del Estado, pero la ley prevé que los particulares puedan participar. El Estado controla la actividad desde una perspectiva normativa y contractual, pero no requiere invertir en los activos.
El Estado puede también, si así lo decide, invertir en transmisión y distribución sin recurrir a la colaboración privada. Es decir, la reforma energética abre la puerta al capital privado o público para que la conducción por líneas de electricidad se realice según las necesidades de la ciudadanía, el comercio o la industria, de manera que la escasez presupuestal del gobierno no sea un obstáculo.
A finales del sexenio anterior se convocó a inversionistas a la licitación de dos grandes líneas de transmisión para unir la península de Baja California con el resto del país, y otra más para traer al centro la electricidad proveniente de los parques eólicos en Oaxaca. La tecnología a usar sería la corriente directa, más cara pero más confiable que la corriente alterna.
En las dos semanas pasadas se informó de la cancelación de estas licitaciones. Espero que esto no quiera decir que necesariamente se cancelen las líneas de transmisión como inversiones, pero tampoco es claro que no fuera así. Es de esperar que la política energética de la nueva administración no cambie demasiado respecto a la anterior respecto a la necesidad de conectar Baja California con Sonora; y espero que tampoco haya un cambio significativo en el sentido de apoyar el desarrollo de energías renovables, y menos aun las del estado de Oaxaca.
Para Oaxaca cancelar la posibilidad de exportar energía al resto del país sería un muy duro golpe a su posibilidad de progreso y modernización económica. Espero que la decisión de la cancelación de las licitaciones sólo corresponda a una preferencia tecnológica distinta, o a un mecanismo de contratación y ejecución diferente. Particularmente para Oaxaca esta decisión puede significar la diferencia entre un futuro más prospero o el que le conferiría la simple e inaceptable inercia histórica.
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