Por: Natalia Miranda Pérez
Los veranos de los últimos años se han caracterizado por una constante: la creciente intensidad de las olas de calor que han batido un récord tras otro, afectando, sí, la vida de todos, pero impactando particularmente a la de las poblaciones más vulnerables (European Environment Agency, 2023).
Este problema fue la columna vertebral que motivó al grupo KlimaSeniorinnen (o Mujeres Mayores para la Protección del Clima) a trabajar a lo largo de casi una década en la demanda que el pasado 9 de abril se constituiría como un hito histórico, una vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciara a Suiza por fallar en garantizar el goce efectivo de los Derechos Humanos de sus ciudadanos al no implementar medidas suficientes para mitigar el calentamiento global (Kwai y Bubola, 2024).
La condena a un país europeo por no actuar debidamente frente a la crisis climática era algo sin precedentes, por lo que es percibida como una ventana de esperanza en la responsabilización de los Estados respecto a sus acciones – o falta de las mismas – en materia climática y en la impartición de justicia ambiental para los grupos vulnerables, fundamentándose en el reconocimiento de los impactos diferenciados del cambio climático y cómo perpetua las condiciones de desigualdad.
Fue esto lo que determinó el éxito de la denuncia, ya que, pese a que previamente se habían llevado a tribunales internacionales casos parecidos; la claridad del argumento basado en la relación entre la vulneración de los derechos de las mujeres mayores de edad, al ser más susceptibles a ser afectadas por enfermedades relacionadas al clima; y el incumplimiento de Suiza respecto a la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para 2020, permitió el reconocimiento internacional definitivo de que una crisis climática es una crisis de Derechos Humanos (Greenpeace, 2024).
La sentencia emitida por la Corte ordenó a Suiza adoptar medidas para subsanar esas deficiencias y pagar a las KlimaSeniorinnen 80,000 euros para cubrir sus costos y gastos. Pero, más allá de las compensaciones económicas que recibirán, las demandantes pueden estar satisfechas ya que el fallo constituye un gran paso adelante en la construcción de un mejor futuro, en que los actores internacionales, sin importar su poder, se responsabilicen de sus actos ante las eminentes consecuencias de la crisis climática.
Por igual, las demandantes deben de estar satisfechas porque dieron voz a un grupo vulnerable y salieron victoriosas. Han establecido los cimientos para que, en los años próximos, las voces de más poblaciones en condiciones de desigualdad, afectadas por la crisis ambiental, sean escuchadas en los más altos tribunales.
Eso es construir paz: es abrir caminos para la impartición de justicia, perseverar aunque los otros hayan fallado, crear vínculos para fortalecerse y trabajar en la edificación de un futuro mejor. Hay que reconocer lo sucedido el pasado 9 de abril porque los grupos vulnerados tienen que trabajar el doble para conseguir sus objetivos, y lo que este grupo de mujeres ha hecho ya es histórico.
