Legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad, son principios obligatorios en cualquier proceso electoral.
Al organizar elecciones de representantes populares y gobernantes, las autoridades responsables deben velar por que estos ejes rectores se cumplan, para que podamos ejercer democráticamente nuestro voto.
Lamentablemente, hemos visto violentados en repetidas ocasiones uno o más de esos principios, por parte de candidatos, simpatizantes, y peor aún, de servidores públicos.
Por esa razón, este domingo por tercera ocasión se dieron cita sociedad civil organizada, grupos, asociaciones, familias completas y personas que rechazan la intervención del gobierno en las próximas elecciones.
Así, las calles de más de 100 ciudades en el país y el extranjero, fueron nuevamente testigos de la llamada “Marea Rosa”.
Mientras en 2022 la concentración fue en defensa del INE y en 2023 defendiendo la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, este año es para proteger y garantizar el voto libre.
Sistemáticamente hemos visto los intentos del presidente y la estructura de gobierno para obtener un resultado favorable a su proyecto político, conducta que permea en diferentes niveles de la estructura de gobierno.
En todas las contiendas electorales durante esta administración de la 4T, hemos visto el apoyo del gobierno en favor de las y los candidatos del partido oficialista, o bien, de sus partidos aliados.
Aunque parece exagerado, el número de controversias que han resuelto los tribunales electorales, donde se determina sanción a morena, sus candidatos, o servidores públicos emanados del mismo partido, es elevado.
El caso más reciente, el Estado de México y Coahuila.
Eso es reflejo que, sin importar las elevadas multas o cualquier otra sanción, hay candidatos oficialistas, o servidores públicos que violentan las leyes electorales sin escrúpulos, y quedan impunes.
Un ejemplo, es la hoy abanderada de Morena por la presidencia, quien a pesar de contar con diversas sentencias que acreditan conductas en contra de los principios electorales en procesos de otras entidades, sigue su candidatura impune.
Esto gracias a una mayoría en el Congreso capitalino que ha impedido por diversas vías que se imponga una sanción, demostrando su desprecio por los principios democráticos, comenzando por el diálogo.
Y eso también se reflejó en la concentración de este fin de semana, pues mientras la ciudadanía llegada de diferentes puntos de la CDMX para concentrarse en el Zócalo capitalino, los esperaba un Palacio Nacional amurallado.
Esa barrera de metal que mandó poner el inquilino de Palacio Nacional, demuestra gráficamente su forma de gobernar, sin escuchar a la ciudadanía, y sin atender nada más que sus propios intereses, o los de su partido.
