/ martes 13 de febrero de 2024

La agroindustria no es todo lo que vemos

Aquí hay otros datos y otras realidades que no se cuentan en las estadísticas

Por Carlos Villaseñor Franco

Soy orgulloso jalisciense y, como saben, este estado destaca por muchas cualidades, entre ellas, por ser una de las entidades con mayor fuerza productiva dentro de la agroindustria. Muchos productos de consumo nacional e internacional se cultivan en tierras jaliscienses, lo mismo que en la actividad pecuaria con la producción de alimentos cárnicos, lácteos y huevos.

Tan solo ayer escuchaba en la radio que en 2023 el país experimentó un crecimiento en las exportaciones dentro de las actividades agropecuarias, registrando un incremento del 3.9%, según las actualizaciones del Banco de México, cosa que, desde luego, me alegra mucho.

Pero, se preguntará usted ¿A dónde quiero llegar con eso? Es que tengo la fortuna de vivir cerca y conocer a grandes productores y productoras del campo, personas serias y comprometidas con el sector, pero también a personas que tienen un volumen de producción de pequeña escala y que viven el campo desde otras perspectivas; es ahí donde los números cambian y las realidades se cuentan con otro sabor.

El 24 de enero se publicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, cambios que benefician a miles de trabajadores del campo; sin embargo, los tiempos necesarios para que las empresas puedan ejecutarlas son reducidos y eso pone en riesgo su correcta operación, sobre todo para las MiPymes. Pero lo que considero lamentable es que sigue habiendo oídos sordos para escuchar a todos los involucrados del campo.

Es lamentable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deje pasar la oportunidad de incorporar a la formalidad a jóvenes de 16 y 17 años que al día de hoy ya trabajan en ese giro laboral, pero dentro de la informalidad, y dejándolos sin derechos laborales como seguridad social, pago de utilidades, bonos, horas extras y prestaciones legales básicas para las chicas y chicos en este rango de edad. Esta situación no mejora la vulnerabilidad de sus condiciones laborales y acentúa la cifra de informalidad en el empleo que ya vemos cerca del 60%.

Entre otros riesgos de las modificaciones, destaca que se publicaron el 24 de enero de 2024 y su entrada en vigor se determinó al día siguiente, es decir, el 25 de enero. Este arranque acelerado no da tiempo a las empresas ni a los empleadores para adecuar sus operaciones y cumplir con la ley en tan solo un día. Material y estructuralmente es una tarea titánicamente imposible; es como un chiste de mal gusto.

Otro riesgo es el traslado de atribuciones de carácter y responsabilidad gubernamental a los empleadores. Pongo dos ejemplos: el primero recae en suplantar tareas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que los empleadores están obligados a establecer y sostener escuelas cuando la SEP no cuente con centros educativos cercanos. Sorprendentemente, es en las zonas rurales donde el acceso a la educación básica carece de cercanía, instalaciones y cobertura real. Entonces, trasladar ese derecho a la educación a una unidad económica afecta directamente al productor y le quita responsabilidades al estado. Y segundo, el derecho a la salud, pues dentro de la legalidad los empleadores cubrimos las cuotas que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, muchas veces no se cuenta con instalaciones para atención médica cercanas al lugar de trabajo.

Las buenas intenciones se leen bien en el papel, pero en la ejecución, la inviabilidad es la realidad para muchos trabajadores del campo. A esto, hay que sumarle los desafíos que enfrentan en materia de seguridad y todas las carencias y ausencias que viven los pequeños productores. En los últimos cuatro años han vivido el sinsabor de no contar con apoyos a sus actividades productivas, los precios de garantía han llegado con un año de retraso y muchos no han llegado ni lo harán, y los bajos precios en los granos de consumo que, igualmente, no son incentivados. La agroindustria no es todo lo que vemos ni todo lo que se cuenta, pero esa es otra historia. #OpiniónCoparmex

Vicepresidente de Finanzas en COPARMEX

Aquí hay otros datos y otras realidades que no se cuentan en las estadísticas

Por Carlos Villaseñor Franco

Soy orgulloso jalisciense y, como saben, este estado destaca por muchas cualidades, entre ellas, por ser una de las entidades con mayor fuerza productiva dentro de la agroindustria. Muchos productos de consumo nacional e internacional se cultivan en tierras jaliscienses, lo mismo que en la actividad pecuaria con la producción de alimentos cárnicos, lácteos y huevos.

Tan solo ayer escuchaba en la radio que en 2023 el país experimentó un crecimiento en las exportaciones dentro de las actividades agropecuarias, registrando un incremento del 3.9%, según las actualizaciones del Banco de México, cosa que, desde luego, me alegra mucho.

Pero, se preguntará usted ¿A dónde quiero llegar con eso? Es que tengo la fortuna de vivir cerca y conocer a grandes productores y productoras del campo, personas serias y comprometidas con el sector, pero también a personas que tienen un volumen de producción de pequeña escala y que viven el campo desde otras perspectivas; es ahí donde los números cambian y las realidades se cuentan con otro sabor.

El 24 de enero se publicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, cambios que benefician a miles de trabajadores del campo; sin embargo, los tiempos necesarios para que las empresas puedan ejecutarlas son reducidos y eso pone en riesgo su correcta operación, sobre todo para las MiPymes. Pero lo que considero lamentable es que sigue habiendo oídos sordos para escuchar a todos los involucrados del campo.

Es lamentable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deje pasar la oportunidad de incorporar a la formalidad a jóvenes de 16 y 17 años que al día de hoy ya trabajan en ese giro laboral, pero dentro de la informalidad, y dejándolos sin derechos laborales como seguridad social, pago de utilidades, bonos, horas extras y prestaciones legales básicas para las chicas y chicos en este rango de edad. Esta situación no mejora la vulnerabilidad de sus condiciones laborales y acentúa la cifra de informalidad en el empleo que ya vemos cerca del 60%.

Entre otros riesgos de las modificaciones, destaca que se publicaron el 24 de enero de 2024 y su entrada en vigor se determinó al día siguiente, es decir, el 25 de enero. Este arranque acelerado no da tiempo a las empresas ni a los empleadores para adecuar sus operaciones y cumplir con la ley en tan solo un día. Material y estructuralmente es una tarea titánicamente imposible; es como un chiste de mal gusto.

Otro riesgo es el traslado de atribuciones de carácter y responsabilidad gubernamental a los empleadores. Pongo dos ejemplos: el primero recae en suplantar tareas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que los empleadores están obligados a establecer y sostener escuelas cuando la SEP no cuente con centros educativos cercanos. Sorprendentemente, es en las zonas rurales donde el acceso a la educación básica carece de cercanía, instalaciones y cobertura real. Entonces, trasladar ese derecho a la educación a una unidad económica afecta directamente al productor y le quita responsabilidades al estado. Y segundo, el derecho a la salud, pues dentro de la legalidad los empleadores cubrimos las cuotas que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, muchas veces no se cuenta con instalaciones para atención médica cercanas al lugar de trabajo.

Las buenas intenciones se leen bien en el papel, pero en la ejecución, la inviabilidad es la realidad para muchos trabajadores del campo. A esto, hay que sumarle los desafíos que enfrentan en materia de seguridad y todas las carencias y ausencias que viven los pequeños productores. En los últimos cuatro años han vivido el sinsabor de no contar con apoyos a sus actividades productivas, los precios de garantía han llegado con un año de retraso y muchos no han llegado ni lo harán, y los bajos precios en los granos de consumo que, igualmente, no son incentivados. La agroindustria no es todo lo que vemos ni todo lo que se cuenta, pero esa es otra historia. #OpiniónCoparmex

Vicepresidente de Finanzas en COPARMEX