Resarcir la deuda histórica del Estado Mexicano para con los pueblos y comunidades indígenas implica una transformación sustantiva de las estructuras políticas, jurídicas y económicas. Dar el primer paso sería reconocerles constitucionalmente como sujetos de derecho público.
Su falta de personalidad jurídica tiene por consecuencia que se les criminalice cuando aplican sus normas, se desconozcan sus procesos de toma de decisiones, pero más aún: que no se les permita recibir ni administrar los recursos públicos que les son destinados.
El Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL) informó hace unos días que la población indígena en condiciones de pobreza extrema se ha reducido entre 2008 y 2018, al pasar de 40.7 a 35.6%; pero es 30% más que la población no indígena en la misma situación.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2018, señala que el ingreso promedio mensual de la población no indígena es de $13,646, tres veces más que el de la población indígena de $4,291.
Ingreso que disminuye considerablemente a $2,777, cuando la población habla alguna lengua indígena. Estas diferencias de ingreso también se profundizan cuando son mujeres, indígenas y hablan una lengua indígena, a $1,927. Es decir, la brecha salarial por la triple discriminación (ser mujer, indígena y hablar una lengua indígena) es de 86%.
El proyecto del actual gobierno incluye cambios a esta situación, como lo hizo Evo Morales en 2010 en Bolivia, en armonía con los tratados internacionales -Convenio 169 de la OIT, las declaraciones de ONU y OEA, sobre derechos de los Pueblos Indígenas- de los que México también forma parte.
Para revertir la discriminación histórica se hace necesario no sólo el reconocimiento de sus derechos a la igualdad, no discriminación y a vivir una vida libre de violencia, sino también dotarles de los mecanismos jurídicos que promuevan su desarrollo integral, incluida su participación efectiva en todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas y del Estado mexicano, así como el acceso a la salud y a la educación y el uso y disfrute de la tierra y sus recursos naturales.
Lo anterior, implica abrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, para que se les reconozca como sujetos de derecho público, se definan los principios y formas de ejercer su libre determinación y se logren las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, entre otras tantas tareas titánicas que corresponden al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de la mano de todas las mexicanas y mexicanos comprometidos.
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