La semanada pasada en uno de los actos más alevosos que se han presenciado en la LXIII Legislatura, el PRI llevó en tan sólo unas horas de la Comisión de Gobernación, al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley de seguridad interior que se aprobó en disenso. Ello lanza una apuesta -en medio de una crisis en la materia -, por ampliar la guerra lanzada por Calderón.
En México, por una parte, vivimos en una cada vez más cruda y terrible crisis de seguridad y por otra, una de derechos humanos. Esta distopía que le ha estallado en la cara a gobiernos federales y estatales, hoy no parece tener fin, y con un homicidio doloso cada 16 minutos, hemos roto records mundiales evidenciando la irresponsabilidad de las autoridades en contener la violencia y erradicar de raíz sus causas.
El problema que ha sido señalado por organizaciones y especialistas, está en un enfoque que prioriza la contención sobre la prevención. El proyecto presupuestal del Ejecutivo para 2018 consideraba importantes recortes en la materia, y no fue sino mediante un intenso debate en la Cámara de Diputados que logramos reasignaciones de 469 millones de pesos para operar la Ley General contra la Desaparición Forzada, así como 300 millones para el Programa Nacional de Prevención del Delito.
En 2016, el monto total asignado a dicho fin ascendió a más de 148 mil millones de pesos, -cifra similar a 2017-, sin embargo, los resultados de las acciones emprendidas con estos recursos, resultan insuficientes ante un clima de miedo generalizado, y una crisis de impunidad que sostengo, es la base de esta descomposición.
A pesar de esto, entre 2008 y 2015 los incrementos a los recursos destinados a seguridad pública representan han sido superiores al 60%, y pese a esto, la tasa de homicidios es 10 veces superior a la de los países de la OCDE.
El sistema de procuración de justicia, tiene como una falla el no incidir en la prevención del delito, solo por el hecho de que no se castiga a quien infringe la ley, y eso lleva a que feminicidas y violadores estén libres, lo mismo que delincuentes de cuello blanco, o aquellos que toman un arma para salir a robar y asesinar, todo mientras la gente vive con miedo de que incluso sea una fuerza policial o armada, quien se convierta en su victimario. Al cierre de 2016, el Ejército y la Marina Armada de México concentraron la mayor parte de las quejas que la CNDH recibió por privación de la vida y desaparición forzada o involuntaria, mientras que, junto con la Policía Federal es señalada por tortura y tratos inhumanos o degradantes.
No creo que toda la responsabilidad sea de estas instituciones, sino justamente, de quienes no están haciendo su tarea. El Poder Judicial y la PGR, son –por más terrible que sea- corresponsables de una aplicación ineficiente de la justicia, sin observancia de los derechos humanos, y ni hablar de las deficiencias en cuanto inserción social o alternativas carcelarias de las que pronto hablaré.
La paz llegará con justicia penal, social, y económica, no extralimitando el monopolio del uso de la fuerza, ni justificándolo o dejando toda la responsabilidad a las fuerzas armadas. Con esta ley se inhibe la profesionalización de fuerzas policiales locales, y algo muy grave también se abre la posibilidad de reservarse información, dejando en opacidad la actuación de las autoridades. Para revertir esta crisis, hacen falta recursos en educación, garantizar oportunidades y goce de derechos humanos a quienes menos tienen.
Diputada por Movimiento Ciudadano
