Por: Juan Manuel Hernández Niebla
La corrupción en México, el tema pendiente y la mayor responsabilidad de erradicarla es del presidente de la República.
Los presidentes históricamente han gozado de impunidad. Salinas vendió las grandes paraestatales a sus amigos, incluyendo los bancos, y quebró al país. Zedillo rescató a estos banqueros a través de un Fobaproa con esquemas fraudulentos. Fox enriqueció a su familia. Calderón es cuestionado por presuntos nexos con el narco, y Pena Nieto por la “Casa Blanca” entre muchas otras cosas. Estos son todos los expresidentes actualmente vivos, con excepción de Echeverría.
Constitucionalmente, investigar y castigar el peculado y abuso del poder es obligación de los Ministerios Públicos, donde el Poder Judicial es la autoridad final en el tema, y la Suprema Corte de Justicia el máximo garante.
Consecuentemente, la única razón por la que el sistema de justica mexicano no ha enjuiciado a un expresidente, es porque nadie ha fundamentado legalmente un ilícito cometido.
Como candidato, AMLO prometió eliminar y castigar la corrupción, iniciando con los ex presidentes.
Pero en vez de fundamentarlo legalmente, pretende consultar públicamente a los mexicanos si los expresidentes deben ser juzgados.
Independientemente del resultado de la consulta, no existen fundamentos legales para que, a partir de una respuesta positiva, pudiera sustentarse un debido proceso legal contra los expresidentes, por lo que pareciera que la consulta es más una arenga pública para incrementar su popularidad y de su partido de cara a las elecciones del 2021.
Pretendiendo generar mayor precisión política en la consulta ciudadana, el presidente la envió a la Suprema Corte de Justicia para que se emitiera fundamento jurídico.
La ministra encargada de emitir la evaluación, sujeta a votación por el resto de los ministros, concluyó que consultar públicamente sobre si se debería impartir o no justicia a los ex presidentes era inconstitucional, clasificándola como “un concierto de inconstitucionalidades”.
No obstante, ignorando estos argumentos, contra toda lógica jurídica y su propia independencia, por decisión mayoritaria el pleno de la Suprema Corte emitió fallo a favor de que, si se hiciera la consulta, despersonalizándola al eliminar el nombre de los expresidentes.
Según un consejero del INE, la consulta no podrá hacerse hasta agosto del 2021, costándole al erario alrededor de ocho mil millones de pesos.
Una vez obtenidos los resultados, seria hasta entonces cuando el MP pudiese empezar a investigar presuntos delitos que en la mayoría de los casos estarán prescritos debido al tiempo transcurrido, teniendo como consecuencia que la impunidad seguirá prevaleciendo en nuestro país.
En el inter, la división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tan necesaria en el balance y contrapesos de una democracia como la que debería existir en nuestro país, sigue diluyéndose.
Juan Manuel Hernández Niebla
Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia
@hernandez_sd
