México va a vivir el cambio en el poder más importante desde la Revolución Mexicana, con la llegada de un nuevo gobierno que tendrá como fundamento la honestidad en contra tesis de la ecuación actual que es la gobernabilidad comprada y un régimen de privilegios y corrupción. El cambio genera resistencias, pero la pregunta obligada es saber ¿quiénes serán los “Victorianos Huerta” de este proceso político?
En un proceso que tiene como eje de actuación el combate a la corrupción, en un país donde 20 ex gobernadores se encuentran en la cárcel, la tentación obvia será que sean los gobernadores los que hagan hasta lo imposible, y digo lo imposible, porque de lo ilegal y lo corrupto, ya han hecho todo.
Hoy uno de los grandes riesgos para la gobernabilidad está en que algunos gobernadores se instalen en jauría, den rienda suelta a la violencia apostando a su control de medios, instituciones y policías locales para impedir el éxito de la democracia, la honestidad y de López Obrador.
Así los gobernadores al ver el fracaso de los dos proyectos presidenciales podrán centrar su actuar, ya no en defender el proyecto nacional, sino su proyecto local y en particular, su “chuletita”.
Esto implicaría una atomización del proceso que sería muy difícil controlar, una patente de corso para que presidentes municipales y gobernadores generen una cantidad tal de ilícitos que el Estado no pueda atender. Es tocar con irresponsabilidad, la puerta del caos.
Confiamos en que impere la racionalidad y la sensatez política, sin duda se logrará un nuevo acuerdo político funcional, basado en la honestidad y el federalismo, pero una actitud violenta e ilegal de algunos gobernadores, tendría terribles consecuencias para la paz social, la estabilidad y la prosperidad del país.
Hace unos días, el gobernador de Querétaro puso sobre la mesa una estrategia donde los 15 gobernadores del PRI, 12 del PAN y tres del PRD, cerrarían filas en contra de López Obrador. Esta estrategia traerá como consecuencia, primero, anular al presidente como actor político, y en la práctica, un golpe de Estado a través de los poderes locales. Sin duda, se busca ir en contra de la intención popular.
Sólo a través de la ilegalidad se podrá frenar a Andrés Manuel, pero esto no es monopolio del gobierno federal. Pareciera que el dilema de los gobernadores después de escuchar la convocatoria es decidir entre la delincuencia política o la civilidad democrática o ¿apoco los gobernadores únicamente con argumentos podrán remontar la tendencia? Su salida será el uso absurdo de recursos públicos y la violencia.
Por el bien de México, ojalá su apuesta sea por la civilidad democrática.
Senador por el PT-Morena
@LuisHFernandez
