Por Estela Casados
La desaparición de personas es una de las emergencias más complejas por las que atraviesa nuestro país, al menos desde hace un par de décadas. En lo que va del siglo el Estado mexicano se ha caracterizado por su incapacidad para atender estratégicamente esta urgencia humanitaria.
O tal vez no ha querido hacerlo. Han sido los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas quienes han encarado la tarea de rastrear las huellas de sus seres amados, hasta encontrarles.
Así, el Colectivo Solecito de Veracruz, creado en 2014, o el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, cuya aparición data de 2019, son ejemplo impactante de la capacidad organizativa de una sociedad civil que busca y arriesga la vida para localizar a quienes se les arrebató.
Son ejemplo también de la coerción, maltrato y muerte que el crimen organizado y las autoridades prodigan a las iniciativas que tratan de resolver la desaparición de personas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el primer bimestre del año han desaparecido cuatro mil seis personas en México. El cuarenta por ciento son mujeres. Llama mi atención esta cifra porque, además de escandalosa, se da en un periodo muy corto y bajo la indiferencia de la opinión pública.
La desaparición de mujeres en México es una constante que en muchas ocasiones está ligada con el feminicidio. Hace unos días atestiguamos la sustracción de una menor en el estado de Guerrero que culminó con el asesinato de la pequeña. Este caso nos recuerda a otros con modus operandi similares que han sido olvidados en el tiempo y que la memoria nos trae por la fuerza de las imágenes que se exhiben en los medios.
En la República, desaparición y feminicidio son dos fenómenos encarnados en muchas menores de edad, pero que no han sido abordados de manera conjunta para su prevención y debida sanción.
Pienso en las Alertas de Violencia de Género y el caso concreto del estado de Veracruz: desde 2016 se cierne sobre la entidad una Alerta por feminicidio y en 2024 el gobierno local se encuentra atendiendo el informe derivado de una tercera Solicitud de Alerta por Desaparición de Mujeres. Mientras tanto, entre enero y febrero, desaparecieron 93 mujeres en la entidad, esto de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres.
En la respuesta formal firmada por el Ejecutivo estatal y dirigida a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), además de aceptar el informe elaborado por el Grupo de Trabajo que evaluó la pertinencia de la solicitud hecha por el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, se proyectan cuatro acciones para cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión.
En ninguna de ellas contempla el trabajo con colectivos de búsqueda o agrupaciones feministas que dan seguimiento al tema, tampoco da pistas sobre un posible trabajo coordinado con la Universidad Veracruzana o centros de investigación que cuentan con trabajo al respecto.
La burocratización de la perspectiva de género hace presencia cuando se piensa que únicamente las “mesas de alto nivel” (cualquier cosa que se entienda por ello) e instancias que históricamente han sido omisas e incluso agresoras de los derechos humanos de las mujeres van a cumplir en el lapso de seis meses con recomendaciones hechas por el gobierno federal.
Las desapariciones de mujeres y feminicidios no se resuelven con reuniones, metas institucionales e informes. Sino con el trabajo coordinado, experto y, sobre todo, comprometido entre la autoridad local y organismos de la sociedad civil que han atendido el problema desde, al menos, hace una década. Parece que en Veracruz el puente gubernamental con las organizaciones se ha roto desde hace tiempo. Más vale que se reconstruya. ¿Hay ingeniería experta que sea capaz de lograrlo?
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
