Con la fuerza del abrumador triunfo en las pasadas elecciones, la aplanadora del Partido Morena aplica de principio a fin la llamada consulta popular, incluida la decisión y las consecuencias de lo que parece terminará en la cancelación de la obra en proceso del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Y si no es así, el proyecto será replanteado. No hay duda. La autoría de este proceso es de Andrés Manuel López Obrador y su ejecución a cargo de la organización más vertical que cualquiera otra en la historia política del país.
Morena se encarga de todo. Redactó ya y dio a conocer la pregunta que se formulará en cuatro días de votación sin intervención de autoridad electoral alguna ni reconocida como tal en la materia. Morena instala más de 500 mesas de votación en sitios ubicados al su arbitrio. Morena reúne a más de seis mil miembros y simpatizantes –acarreo puro--, quienes sin vigilancia ni supervisión recibirán los votos y los entregarán a una empresa a modo, una fundación cuyo presidente admite su parcialidad en el proyecto. Se hará en privado el recuento de las papeletas que llevan el sello de Morena, acompañadas de una supuesta información de ventajas y desventajas de cada una de las opciones para una nueva terminal aérea. El costo de la consulta será cubierto por diputados y senadores de Morena, pese al rezongo del presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo, y del coordinador en el Senado, Ricardo Monreal.
El proceso está sesgado. No es de la sociedad civil ni de un órgano de la democracia representativa de donde parte la consulta que recogerá los votos de una ínfima minoría de ciudadanos repartidos en menos de la quinta parte del territorio nacional. Las huestes de Morena permanecerán cuatro días recibiendo y reuniendo las papeletas de votación, el tiempo suficiente para entregar los resultados que más convengan al propósito de la auscultación. Ni supervisión ni participación formal o informal de autoridad alguna que avale la validez de la respuesta a la pregunta, amañada en todos sentidos.
Encuestas de empresas serias y reconocidas en materia de sondeos de opinión han mostrado que menos de un tercio de la población está interesada en participar en la consulta. Aún en el caso de que una parte de la ciudadanía acuda de buena fe a las urnas fabricadas y controladas por Morena, la escasa información acerca de los aspectos técnicos y financieros de los proyectos presentados ofrece al votante escaso margen para discernir acerca de lo mejor en una decisión que debería basarse, fundamentalmente en los estudios y las conclusiones a las que han llegado los grupos que representan la opinión autorizada de los expertos en la materia.
Una respuesta legítima de la población mostraría que la opinión pública apoya proyectos y programas en beneficio del desarrollo de la sociedad. Como lo señaló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el proyecto del aeropuerto en Texcoco presenta ventajas a largo plazo, con un concepto moderno que propiciaría una etapa de transformación para una amplia zona del país y contribuiría al fortalecimiento de la economía. Como el Tren Maya que propone López Obrador, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no requeriría de consulta alguna, sino del imperio de la razón.
Es preocupante que esta consulta sea la primera muestra de una política por encima de las normas constitucionales y legales, consulta generalizada en busca de la legitimación que sólo el juicio de la ciudadanía puede conferir.
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