Mantener a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública es un grave error. Al menos en las circunstancias presentes. Es decir, sin un marco legal que sancione y define su competencia.
Que permita, además, un control sobre su letalidad.
¿O queremos, quiere López Obrador a helicópteros cuyas armas disparan cuatro mil cartuchos por minuto atacando a “presuntos culpables” como ha sucedido?
El riesgo es volver a los errores del pasado y ahondar, todavía más, los del presente.
Los soldados, los marinos no fueron educados para ser policías. Su concepción del combate es otra. Para ellos los “presuntos delincuentes”, los civiles son enemigos. Y al enemigo se le aniquila.
¿Puede López Obrador asumir responsabilidad de hechos como Tlatlaya, como la tortura a una presunta secuestradora, como lo sucedido en Nayarit, como las desapariciones de civiles en Tamaulipas? Porque estos hechos son consecuencia de la orden civil, superior, política que fue dada a los militares.
Mantener a las fuerzas armadas en el combate a criminales, haciendo el trabajo de policías federales que no están capacitadas, de policía locales que suelen estar corruptas, implica forzosamente graves riesgos para la población civil y pobres resultados.
Porque basta revisar estadísticas para comprobar que la presencia militar no ha disminuido la violencia ni las ejecuciones. Tamaulipas no es una entidad con mayor tranquilidad o paz social, y los militares no han dejado de participar en labores de seguridad ahí. Como tampoco lo es Sinaloa o muchas otras.
Si revisamos las actuaciones de militares en situación de retiro o, en muchos casos, en el activo como jefes policiacos o secretarios de seguridad pública en diversos municipios y entidades federativas, veremos un rotundo fracaso. Ninguno ha podido entregar buenas cuentas a la ciudadanía.
Y, en cambio, sí tenemos entre las víctimas, otra vez hablemos de Tamaulipas, a civiles que son considerados “daños colaterales”, como si viviésemos una guerra.
Los militares, tiene que saberlo López Obrador están entrenados para ser letales, para aniquilar al enemigo, para ganar una guerra sin importar el costo de vidas. ¿Cómo pueden desempeñarse con este entrenamiento en funciones de policía? La Ley de Seguridad Interior, como está actualmente, va contra derechos humanos y libertades individuales. ¿Bajo qué legislación piensa el próximo mandatario mantener a militares en las calles?
¿Y los pendientes de su actuación? Todo aquello que la sociedad civil ha exigido que se castigue, todos los expedientes que no han sido sancionados por un juez de manera satisfactoria… ¿qué salida se les va a dar? Porque si por una parte se les sigue exigiendo a los militares que cumplan ordenes superiores en las calles, y por la otra se les encarcela por, precisamente, cumplirlas, se está corriendo el riesgo de un gran desencuentro.
No se trata de mantener a los militares fuera de los cuarteles, sino de urgentes definiciones y delimitaciones sobre su actuación. Estas tendrían que ir primero que cualquier decisión, si se quiere un cambio de verdad…
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