En su libro La economía de la extorsión que ya está en los estantes, Luis de la Calle aporta datos, cifras y análisis puntual para la documentación del pesimismo de una sociedad asediada por la corrosión de la delincuencia. La extorsión aparece así como una de las variedades más agudas de los delitos que proliferan en medio de la opacidad y la impunidad que no es característica exclusiva del pasado, sino que existe incluso y se extiende en el presente. Sólo el dos por ciento de los casos de corrupción, apunta Luis de la Calle, son denunciados o castigados por el aparato de justicia; el resto, 98 por ciento, no se conocen, no se denuncian o son solapados por los diversos estratos de la autoridad.
La extorsión en sus diversas modalidades se relaciona directamente con el delito genérico de corrupción. Según lo refiere Luis de la Calle lo mismo extorsiona el agente de la policía que el franelero, el empleado público que exige dinero a cambio de la agilización de cualquier gestión, el derecho de piso que impone la banda delincuencial organizada al comerciante formal o informal o la alcabala de la autoridad municipal con barreras al establecimiento comercial o de servicios. Extorsión es también toda forma de secuestro, real, expres o simulado, y lo es también la toma de casetas de peaje que prolifera ya no sólo por cuenta de grupos sociales que protestan por una causa específica sino de la delincuencia pura y simple que ha encontrado en esos ilícitos una industria de enormes utilidades en detrimento del erario.
Con los vastos conocimientos de Luis de la Calle por su experiencia en el análisis crítico de la realidad de nuestro país, en el libro que ya circula se ofrece una visión cruda, pero indiscutiblemente verdadera de los efectos de la economía de la extorsión sobre las pequeñas y medianas empresas pero también sobre la posibilidad de inversiones nacionales e internacionales que se contraen ante las debilidades de un estado de derecho que los gobiernos, incluso el actual, han sido incapaces de garantizar. La ausencia de esa garantía jurídica se refleja en el alto grado de inseguridad que alienta el indiscutible incremento de la delincuencia, ahuyenta la inversión e inhibe la generación de empleos que debería ser un imperativo en la difícil situación económica que vive el país. La sociedad es rehén de la delincuencia y vive atemorizada por su incidencia.
El gobierno actual, señala el autor de la Economía de la extorsión, tiene ante sí la oportunidad de reducir con acciones enérgicas la delincuencia tanto organizada como desorganizada y de fortalecer el estado de derecho y con ello a las empresas, desde la más pequeña hasta la gran corporación, porque es ese sector el que crea el mayor número de empleos en el país y puede llevar adelante proyectos productivos que redunden en beneficio de nuestra economía y de nuestra tranquilidad.
Consecuencias directas e indirectas de esa falta de un estado de derecho y de impulso a la inversión se observan en casos específicos como el anuncio del consorcio español Iberdrola, con inversiones de once mil millones de dólares en el país, de suspender futuros proyectos en el campo de energías limpias y sistemas renovables en esa materia. Iberdrola y otras empresas internacionales consideran que el cambio de reglas de la política energética de la actual administración dificulta la realización de proyectos en puerta e incluso obliga a su cancelación. Muestra también de esa ausencia de apoyo a la inversión nacional y extranjera es la carta de un grupo de congresistas norteamericanos al presidente Donald Trump en la que denuncian una política contraria al espíritu del T-MEC por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien está, como lo señala el presidente al responder a ese señalamiento de los legisladores norteamericanos, que el gobierno proteja a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, pero ello no debe significar un rechazo a la inversión que en el mundo actual han aceptado países como China o Cuba, cuyas economías, aún centralizadas, han dado impulso a la participación internacional sin renunciar a su soberanía y a su determinación.
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