En su artículo 89, la Constitución vigente desde 1917 precisa con gran claridad una de las facultades del presidente de la República: la conducción de la política exterior. La Carta Magna establece también la facultad del Senado de la República para vigilar el cumplimiento de los principios de esa política, entre ellos la no intervención en asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones, la proscripción del uso de la fuerza y la solución de conflictos internacionales mediante el diálogo. A estos principios se agrega la voluntad de México por defender los derechos humanos en todos los ámbitos.
Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asumido la responsabilidad de enfrentar personalmente cada una de las cuestiones de la vida pública del país, lo cual lo coloca en el centro del comentario y la crítica en cada uno de los temas que aborda. La política exterior es uno de esos asuntos ventilados directamente por el jefe del Ejecutivo en cumplimiento de la responsabilidad y las facultades que la Constitución le otorga.
La postura mexicana en materia de política exterior frente a la situación por la que atraviesa el gobierno de Venezuela es clara, aunque ha sido objeto de críticas por parte de un sector de la opinión pública que considera los principios de respeto a la soberanía de los estados cosa del pasado superadas por supuestos conceptos nuevos respecto a la independencia y la igualdad de las naciones, es decir, a su soberanía.
La decisión del gobierno de México de no sumarse a acción internacional alguna que signifique el reconocimiento o el desconocimiento de un gobierno, en el caso de Venezuela está apegada a los principios de la política exterior de México, que a través de los años y frente a numerosos conflictos internacionales le ha valido reconocimiento y prestigio por su verticalidad y su respeto a la autodeterminación de los pueblos.
La no injerencia en un conflicto, el de Venezuela, cuya solución corresponde a la soberanía de los venezolanos, no es un retorno al pasado sino una reafirmación de la política exterior de México, producto de experiencias que a lo largo de la historia nuestro país ha vivido. A esa política de no intervención se añade la observancia de otro de los preceptos que en materia internacional señala con precisión la Constitución de México: la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la negociación, que México junto con países como Uruguay ha propuesto y que sólo podría materializarse con la aceptación de los propios venezolanos.
México ha sido en varias ocasiones factor de mediación entre las partes en conflicto, como lo han sido también otros países que han expresado y llevado a la práctica esa voluntad de conciliación. En tanto, México es fiel a los principios de su política exterior: mantenimiento de relaciones diplomáticas con un gobierno con el que las ha sostenido y frente al cual no hay razón alguna para suspenderlas.
La postura de México frente a Venezuela no es un viraje en su política exterior que en determinado momento del pasado reciente se intentó cambiar por una indebida intervención lesiva a la soberanía y la autodeterminación que México siempre ha defendido. No es, como lo ha señalado el presidente de la República, un acto de simpatía o antipatía hacia un gobierno, sino una posición consecuente con los postulados históricos de nuestra política exterior que deben mantenerse con firmeza.
Srio28@prodigy.net.mx
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