“¡No es posible!”, dijo en voz baja Enrique Peña Nieto, al tiempo que se inclinaba en el respaldo de su silla, con el gesto de alguien que se siente abrumado.
Con una señal llamó a un asistente militar, a quien ordenó: “Dígale al secretario Virgilio Andrade que regresará conmigo a la Ciudad de México, debo hablar con él.” “Veré eso hoy mismo”, aseguró a su interlocutor, Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la Federación.
Acababa noviembre de 2015 cuando el protocolo dictó que ambos se sentaran juntos esa mañana en Querétaro, durante una reunión de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalizadores Superiores (Olacefs).
-¿Cómo vamos, auditor?—le preguntó.
-Señor presidente, hay varias cosas graves.
-¿Como qué? —buscó atajar el mandatario.
-Javier Duarte…. Rosario…
-¿De qué tamaño es el problema?
-Entre ambos, puede llegar a 40 000 millones de pesos.
Tras su reacción inicial y el anuncio de que abordaría de inmediato ambos temas con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, Peña cerró la conversación con Portal. Sólo añadió:
-Estamos pendientes.
Días más tarde, Andrade estableció comunicación con Portal para solicitarle información actualizada de estos casos, la que le fue enviada. Sugirió una reunión con Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social. Portal explicó que ya se había reunido con ella, sin resultado alguno. Andrade insistió en un nuevo encuentro, a lo que el auditor se mostró anuente. Pero la reunión entre los tres nunca se concretó. De hecho, durante 14 meses, para el gobierno estuvieron sepultados los dos temas más escandalosos de desfalcos con dinero público.
En marzo de 2017, tras dos elecciones intermedias para el Congreso federal y en diversos estados, ambas con malos resultados para el oficialismo, Portal fue convocado a Los Pinos para una reunión con Peña Nieto.
“Vayamos caso por caso” (sobre los malos manejos atribuidos a Duarte y a Rosario Robles), le pidió en esta ocasión el mandatario, a quien acompañaban varios colaboradores.
El auditor hizo una presentación sobre los desvíos detectados en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, del PRI. Detalló cifras, el uso de empresas fantasma, el estilo burdo de retirar dinero de cuentas oficiales para depositar fondos a particulares, como se publicó en su momento en espacios periodísticos. Enfatizó que el mandatario estatal que entró en funciones en diciembre de 2010 recibió protección de la PGR durante el último tercio de la administración de Felipe Calderón, de extracción panista.
Explicó que el monto de lo desviado en Veracruz podía llegar a 4 500 millones de pesos, más una cifra no determinada, pero mucho más grande, de fondos estatales. Indicó que Duarte había incurrido en una simulación al depositar un aparente reembolso inicial por 450 millones de pesos, para retirarlos nuevamente unas horas después, lo que suponía un delito adicional. Destacó que lo que más le impresionaba al equipo de la ASF era el descaro con el que operaba Duarte.
“¡Qué barbaridad!”, musitó Peña Nieto en cierto momento de la reunión, mientras tomaba apuntes, una práctica frecuente en él.
Vendría luego el tema de los desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) bajo la conducción de Rosario Robles. Portal detalló la triangulación de dinero utilizando a universidades aprovechando un resquicio en la ley. Esas universidades eran instruidas para contratar a empresas fantasma, muchas de ellas presuntamente cercanas a políticos del PRI. El trazo del dinero se perdía cuando personas no identificadas lo recogían en ventanillas bancarias y desaparecían del mapa.
Abundó en detalles sobre cómo colaboradores cercanos a Rosario Robles estaban implicados en esta maniobra, entre los que destacó al oficial mayor de la dependencia, Emilio Zebadúa. Un primer bloque de contratos ligados a empresas fantasma y este fraude, dijo Portal, implica un monto superior a los 7 000 millones de pesos, pero la cifra se multiplicaría, le dijo, según se profundice en las pesquisas, en particular si participaban la PGR y la Función Pública.
Tras 50 minutos, Peña Nieto levantó la reunión sin ningún acuerdo. Agradeció la presencia de los asistentes y se retiró del salón en el que se encontraban. “Nos veremos después”, le dijo a Portal al despedirse. En su fuero interno, éste supo que ésa sería la última vez que hablaría en persona con el mandatario.
Portal lamentó no haber tenido tiempo de narrar que, tras una reunión con Rosario Robles para discutir estos desvíos, ella le dijo que tenía listas para su entrega 65 cajas con documentación comprobatoria, bajo custodia de Emilio Zebadúa, y le propuso posar ante los fotógrafos de prensa frente a las cajas. Portal se negó a tomarse la fotografía, pero planteó que personal de la Sedesol llevara de inmediato las 65 cajas a la ASF para su estudio conjunto. Un camión lo siguió hasta sus oficinas con ese material, llevando también a funcionarios de la Sedesol, con los que sería revisada la documentación. Al llegar se percataron de que las cajas estaban prácticamente vacías.
Tampoco alcanzó a referir Portal la reunión sostenida a mediados de 2013 con las casas de estudios agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), muchas de las cuales habían participado en la triangulación de recursos para contratar a las empresas fantasma y acabando por esfumar el dinero. En ese encuentro, el dirigente del organismo, Enrique Fernández Fassnacht, dijo a Portal que las indagatorias de la ASF “violan la autonomía de cátedra” y excedían sus atribuciones. El auditor debió informar a Fernández las obligaciones que la ley les otorga.
El encubrimiento de Calderón
A punto de iniciarse 2012, Portal y su equipo de expertos auditores tenían ya grandes volúmenes de documentos que daban cuenta de irregularidades en la gestión de Duarte, una parte de ellos aportados por Miguel Ángel Yunes, el expriista que contaba con trayectoria dentro de los servicios de seguridad del Estado mexicano pero que se había sumado al PAN y era su figura más fuerte en Veracruz. Yunes y Portal llegaron a reunirse en tres ocasiones distintas con este tema. Otras tantas quien acudió a la ASF fue el gobernador Duarte.
El problema fue que ni la Secretaría de la Función Pública, que en ese periodo encabezó el panista Rafael Morgan, ni la PGR, a cuyo frente se hallaba Marisela Morales, mostraban el más mínimo interés en promover una sanción contra Duarte, fuera administrativa o penal.
Meses después la ASF tuvo conocimiento de que, en forma irregular e ilegal, la PGR había hecho llegar al equipo de abogados de Javier Duarte el expediente, al tiempo que archivaba las denuncias presentadas.
En los inicios del gobierno de Peña Nieto se supo que tras los comicios presidenciales de 2012, que fueron ganados por éste, el entonces todavía presidente Felipe Calderón le ordenó a la procuradora Marisela Morales informar al equipo del mandatario electo sobre todos los expedientes de gobernadores y exgobernadores que estuvieran bajo investigaciones judiciales.
El expediente de Duarte, lo mismo que los de otros mandatarios estatales señalados de corrupción (César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, en Quintana Roo, entre otros), entraron en un limbo político y judicial desde finales del gobierno de Calderón, y así permanecieron hasta bien avanzado 2016.
Ese año trajo sonados descalabros electorales para la administración de Peña Nieto y para su partido, el PRI. El equipo de Los Pinos decidió que para mejorar la imagen de la administración era necesario relanzar la agenda anticorrupción, mencionada durante la campaña y luego sepultada.
Dentro de esa estrategia, y según avanzaron las semanas, se determinó que tendría un impacto positivo que el presidente Peña Nieto pidiera públicamente perdón a los ciudadanos por el episodio de la “Casa Blanca”. En los siguientes meses lo haría en tres ocasiones diferentes. Ello dejó, sin duda, un antecedente en la historia del presidencialismo mexicano, pero no atrajo mayores bonos políticos para el mandatario.
Adiós y huida de Javier Duarte
Hacia mediodía del 11 de octubre de 2016, Javier Duarte, todavía gobernador veracruzano, estuvo en la Ciudad de México y regresó por la tarde a Veracruz para un discreto encuentro con amigos cercanos y con su esposa. La noche de ese mismo día volvió a la capital del país, donde muy temprano, el miércoles 12, anunció en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, que se separaría del cargo “para defenderse de ataques” que lo ligaban con una desatada extracción de fondos públicos, federales y estatales.
Voló de nuevo a Veracruz, y citó en el propio hangar del gobierno del estado a dos personajes clave: al entonces presidente del Congreso local, el priista Juan Nicolás Callejas, y a su secretario de Gobierno, Flavino Ríos. Según testigos del encuentro, a ambos les informó haber acordado el día anterior con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que presentaría una solicitud de licencia para separarse de la gubernatura. Entregó a Callejas el documento correspondiente, que ya llevaba elaborado y firmado. Y le indicó a Ríos Alvarado: “Ellos [en Gobernación] quieren que te quedes tú (como interino)”.
Fuentes consultadas dijeron que Osorio había efectuado una consulta con varios actores para esa definición, entre ellos el exgobernador Miguel Alemán, con quien Flavino Ríos tenía una clara cercanía. Otro habría sido el entonces mandatario electo, Miguel Ángel Yunes Linares, distanciado de Ríos, pero con quien comparte padre político: el también exgobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980). Yunes asumiría la gubernatura 50 días después. En ese “acuerdo de hangar”, Duarte pidió autorización a Flavino Ríos para usar en las horas siguientes la oficina ubicada en esas instalaciones, a lo que el inminente gobernador interino respondió que se le darían las facilidades para ello. A la mañana siguiente Duarte fue a jugar golf, con un aspecto relajado según quienes lo vieron. Se trasladó de nuevo al aeropuerto, donde pidió un helicóptero del gobierno estatal, con un plan de vuelo hacia Tabasco, desde donde desapareció por seis meses hasta ser detenido en abril de 2017 en Guatemala.
La convulsión en Veracruz pronto cobró un inconfundible aroma de acuerdo político entre el nuevo gobernador, Yunes Linares, e integrantes de la administración de Peña Nieto.
El secretario Osorio Chong había tenido la encomienda de vigilar la tragedia política y financiera de esa entidad desde que el entonces candidato opositor, Yunes Linares, fue postulado como aspirante a la gubernatura de un estado que por casi nueve décadas sólo había conocido el mando del PRI.
Osorio y Yunes habían nutrido por años una relación que se forjó en 2003, cuando ambos fueron diputados federales bajo el ala protectora de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, que en aquel entonces cayó en desgracia tras ser removida como coordinadora de la bancada tricolor por un golpe instrumentado desde el PRI por Roberto Madrazo y Emilio Chuayffet.
La protección de la maestra bastó todavía a Osorio para ser impulsado en 2005 a la gubernatura de Hidalgo, y a Yunes para tener cargos en los gobiernos de Fox y Calderón, con el primero en temas de seguridad y con el segundo en la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Desde ese cargo rompió en 2011 con su madrina política e inició, de la mano de Felipe Calderón, su ruta al interior del PAN.
Al asumir la gubernatura y pese a una retórica incendiaria, Yunes Linares arribó a acuerdos con la Secretaría de Hacienda, a cuyo frente se hallaba Luis Videgaray, para recibir partidas presupuestales extraordinarias, evitar la quiebra de las finanzas estatales y poder pagar la deuda acumulada.
En septiembre de 2018, 18 meses después de que fue detenido, el exgobernador Javier Duarte vio cómo las acusaciones que tenían en su contra fueron aligeradas por la PGR, entonces a cargo de Alberto Elías Beltrán. Gracias a lo anterior, se declaró culpable de delitos al amparo del nuevo sistema penal, lo que le abrió la posibilidad de salir de prisión a más tardar en 2021. Algunos de sus colaboradores dejaron la prisión por órdenes de jueces que determinaron que hubo irregularidades en sus procesos. La posibilidad de castigar el saqueo en Veracruz se empezó a agotar a pasos acelerados.
El enredo de “La estafa maestra”
El esquema aprovechó un hueco en la ley para desviar recursos a universidades públicas sin ningún tipo de supervisión. Esto comenzó con el sexenio de Felipe Calderón, pero en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2013 y 2014, el tímido operativo se había vuelto un enredado y gigantesco mecanismo.
Información de la ASF, entregada a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y al portal de noticias Animal Político, derivó en el amplio reportaje denominado “La estafa maestra”, según el cual el monto inicial del fraude fue de 7 670 millones de pesos en sólo esos dos años. Una de las hipótesis de la investigación es que parte del dinero estaba en los bolsillos de los funcionarios públicos y el resto se usaría para las elecciones de 2018.
La justificación de la hipótesis se encontraba en el hecho de que, en México, ganar una elección cuesta caro. La consultora Integralia publicó en 2016 que durante el año de la campaña de Peña Nieto, 2012, el flujo de efectivo en el país aumentó 37 374 millones de pesos. La consultora citó dos datos para comparar: un año antes, el flujo había disminuido 2 958 millones de pesos en el mismo periodo y un año después, en 2013, disminuyó en 5 119 millones de pesos.
La investigación de la estafa maestra se concentró en 73 convenios analizados por la ASF, hechos por 11 dependencias federales —tan variadas como la de la Sedesol, Banobras o Pemex—, con ocho universidades públicas, como la Autónoma de Morelos o la del Estado de México, todo en 2013 y 2014.
Dichos convenios aludían a necesidades de servicios como repartir despensas, supervisar pozos petroleros o instalar la red de internet, y en conjunto sumaron 7 670 millones de pesos. Del dinero total de los convenios, 5 208 millones terminaron en 150 empresas ilegales. Y 1 000 millones más se canalizaron a ocho universidades que actuaron como intermediarias.
Este monto fue sólo inicial, el universo de desvío podría ser al menos cuatro veces mayor, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto las dependencias federales firmaron 2 081 convenios de este tipo con universidades públicas, que suman 31 000 millones de pesos. Pero sólo se investigó 3.5% del dinero a profundidad. Dicha cifra es mayor al presupuesto asignado en 2018 para atender a 12 millones de afectados por los sismos de 2017 en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Guerrero.
La relación de funcionarios que se vieron implicados en esta estrategia incluye a integrantes del primer círculo de Peña Nieto. Entre otros, su primo, Alfredo del Mazo, quien era director de Banobras y más tarde asumió la gubernatura del Estado de México. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue el encargado de asuntos internacionales en su campaña presidencial, y Rosario Robles encabezó la principal acción de su gobierno en el combate a la pobreza como secretaria de Desarrollo Social.
También participaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Emilio Chuayffet; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cargo de Enrique Martínez; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), con José Reyes Baeza Terrazas; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional (RAN), con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Economía (SE), con Idelfonso Guajardo, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con Enrique Sánchez Cruz.
Las casas de estudio que actuaron como bisagras de esta estafa fueron centralmente: Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict); la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico de Tabasco.
A través de los 73 convenios establecidos por las dependencias con universidades, se le solicitaba a la institución proveer de servicios, como afiliar a beneficiarios a programas sociales. Las universidades contrataban a terceros, empresas fantasma, que eran indicadas por los funcionarios, y sólo por la intermediación las instituciones educativas cobraran entre 10 y 15% del total del convenio, lo que suma 1 000 millones de pesos en comisiones.
Ante estos desvíos, la ASF interpuso 20 denuncias penales ante la PGR por presunción de delitos cometidos que, según especialistas fiscales, se tipifican como fraude y crimen organizado. Sin embargo, desde un principio se preveía que había escasas probabilidades de que fueran investigados. En 17 años se habían presentado 873 denuncias penales, pero sólo 10 llegaron a juicio y, en ningún caso, alguien pisó la cárcel.
El reporte de La estafa maestra refirió convenios por 7 760 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
- Pemex: 3 576 millones de pesos
- Sedesol: 2 224 millones de pesos
- Banobras: 491 millones de pesos
- Registro Agrario Nacional: 447 millones de pesos
- SEP: 278 millones de pesos
- Fovissste y Superissste: 249 millones de pesos
- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 138 millones de pesos
- INEA: 97 millones de pesos
- Secretaría de Economía: 96 millones de pesos
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 52 millones de pesos
- Secretaría de Agricultura: 19 millones de pesos
De las 186 empresas detectadas con irregularidades, la ASF determinó que 150 son ilegales y no podrían recibir recursos públicos. Aun así consiguieron 5 208 millones de pesos a través de contratos ilegales. En noviembre de 2017 el SAT declaró a 14 compañías como fantasma. Otras 47 eran investigadas y estaban catalogadas como presuntas fantasma. Después de la investigación publicada, el sat identificó otras más: 11 empresas fantasma y 34 presuntas. Treinta y siete no tienen antecedentes registrales, es decir, ni siquiera están inscritas ante la Secretaría de Economía. Ocho empresas fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos y ocho más no tenían instalaciones en las direcciones que registraron. Cinco se dedicaban a temas que no tienen relación con los servicios contratados, ocho no fueron localizadas por la ASF y otras 23 no reportaron dirección.
Con el mismo modus operandi, entre 2011 y 2014 Pemex Exploración y Producción entregó 3 576 millones a 96 empresas a través de seis universidades públicas estatales: la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico de Comalcalco, la Autónoma y la Tecnológica de Tabasco, y la Universidad del Golfo de México, también de Tabasco.
Se revisaron 39 convenios para determinar qué pasó con el dinero público. Se encontró que las universidades violaron la ley para desviar los recursos a las empresas y se quedaron con 634 millones en comisiones. De ese dinero hay un total de 2 149 millones desaparecidos entre 65 empresas.
Entre las empresas contratadas figuró Cantarell Services, S. A. de C. V., de Silvano Torres Xolio, un veterano empresario de Veracruz, exfuncionario de Pemex, puesto que le permitió ganar cientos de millones de la empresa petrolera. La compañía la fundó junto con otro exfuncionario de Pemex, Williams Morfín Silva. Al revisar el manejo de recursos de la empresa, se encontraron nexos de compañías familiares a donde llegaban los recursos. En el caso de las empresas fantasma, éstas se crearon con documentación que era vendida en el municipio de Nacajuca, Tabasco, uno de los más pobres del estado. Ese municipio se caracteriza por vender documentación para crear empresas fantasma, como se había documentado en espacios periodísticos.
