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Así, de la patada, es como se encuentra el futbol mexicano, sujeto a investigación por la presunta realización de conductas anticompetitivas en el mercado de fichajes de jugadores profesionales, exclusivamente dentro del territorio nacional. En caso de que, derivado de dichas indagatorias, se compruebe la aplicación de “prácticas monopólicas absolutas”, tipificadas como delito en el código penal federal, las o los involucrados podrían ser sancionados a partir de multas hasta la privación de la libertad, que va de cinco a 10 años.
Después de dar a conocer los motivos por los que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) realiza diversas diligencias entre los diferentes clubes del balompié nacional, Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora, explicó a ESTO los detalles de la misma.
“Hoy (ayer) hicimos público que estamos investigando el mercado de fichajes de jugadores profesionales del futbol en territorio nacional. ¿Qué estamos investigando? Si en este mercado se pudieran o no cometer prácticas monopólicas absolutas. ¿Qué es eso? Un acuerdo entre competidores dentro de un mismo mercado, que pudiera tener por objeto fijar un precio. Es decir, manipularlo para arriba o para abajo de manera coordinada y conjunta entre todos los competidores, además de dividirse un mercado”, detalló en exclusiva.
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“Los competidores no pueden restringir la oferta de un bien o servicio”, precisó tajante López Rodríguez. “Es decir, producir u ofrecer una cantidad limitada de servicios. Tampoco pueden intercambiar información para alguno de estos objetos”, abundó el experto.
“Nosotros, derivado de un monitoreo constante que hacemos de los mercados que integran la economía nacional en diversas conductas que pudieran llegar a ser anticompetitivas, monitoreamos diversos mercados y conductas. Las vamos viendo y de ahí vamos obteniendo diversos elementos de convicción o indicios. ¿Por qué? Porque la ley general de competencia económica me exige a mí tener una causa objetiva para iniciar una investigación. La causa objetiva es cualquier indicio por el que yo pueda sostener, jurídicamente, que alguien está violando la ley”, compartió vía telefónica.
“En este sentido, derivado de un monitoreo, encontramos diversas evidencias que nos hacen tener una causa objetiva y por eso, el 29 de junio de 2018 iniciamos esta investigación que hoy (ayer) hacemos pública”, reveló.
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- UN PAR DE AÑOS
Aunque López Rodríguez evitó entrar en detalle sobre los posibles involucrados, con tal de no entorpecer la investigación en turno, destacó que el proceso puede durar hasta dos años y medio, al término del cual podrían determinar si existen o no elementos comprobables para señalar a los responsables.
“Mira, yo no puedo hablar de las actuaciones específicas que se han llevado a cabo en la investigación de junio al día de hoy. Lo que sí te puedo comentar es que, en términos generales, en cualquier investigación, la autoridad investigadora cuenta con diversas herramientas. Podemos hacer visitas de verificación, requerir información, citar a declarar a quienes consideremos que están relacionados y cuentan con información relevante para la investigación o allegarnos la información a fuente pública. Toda investigación tiene periodos. Ahorita estamos en el primer lapso. Cada uno consta de 120 días hábiles, y esos periodos se pueden ampliar hasta en cuatro ocasiones”.
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Es decir, “una investigación puede durar hasta 600 días hábiles. Ahorita, estamos en el periodo de 120 días. Y sería prematuro suponer qué resultado va a tener la investigación. Pero hemos ejercido nuestras facultades en el mercado a investigar”.
Observó que “los procedimientos, aquí en la comisión, tienen dos etapas: uno es la investigación que te comento, o bien, investigué y tengo elementos, entonces emitimos un documento que se llama el Dictamen de Probable Responsabilidad, el cual, como su nombre lo indica, establecemos qué personas físicas o morales suponemos que están cometiendo una conducta que es violatoria a la ley”.
Dicho documento dice nombres específicos, cuáles son las pruebas y en qué consisten las conductas. “Eso se le notifica al agente económico imputado y viene la segunda etapa, conocida como Procedimiento Seguido en Forma de Juicio, en el que como particular te están imputando una probable violación de una ley, tú tienes derecho constitucional y legal de defenderte. Ahí harás manifestaciones y mostrarás pruebas. Éstas se van a desahogar. Una vez que este procedimiento concluya, será el pleno de la comisión el órgano máximo de decisión que tiene esta comisión, el que determine en definitiva si se violó o no la ley”.
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- MULTA Y CÁRCEL
En caso de existir violaciones a la ley, el pleno puede imponer sanciones. Habría multas, que van de hasta el 10 por ciento de los ingresos de las personas morales, multas a las personas físicas e inhabilitación a directivos para ejercer cargos. Pero no sólo se reduciría a castigos de corte administrativo, a decir del especialista. “Las prácticas monopólicas absolutas también están tipificadas como un posible delito en el código penal federal. Y las personas que hayan incurrido en ellas pueden tener una pena privativa de la libertad que va de los 5 a los 10 años”, afirmó.
“A la Comisión le compete, únicamente al pleno de la comisión, sancionarlo con una multa o la inhabilitación a una persona. A la autoridad penal le competerá, en su momento, determinar si hay materia para mandar a alguien a imponerle una sanción preventiva de la libertad”.
- ¿Las sanciones se abrirían a presidentes de clubes o al propio titular de la Federación Mexicana de Futbol?
-No te puedo compartir exactamente con ese grado de especificidad. Lo que sí te puedo decir es quiénes participan en el mercado. Nosotros estamos investigando el fichaje de jugadores. ¿Qué se entiende por fichaje a la autoridad investigadora? Los procesos de reclutamiento, contratación y las políticas que toman los empleadores para hacerse de los servicios de jugadores profesionales. ¿Quiénes intervienen en todo este procedimiento de fichaje? Bueno, hay jugadores profesionales de futbol, están los clubes, y estos, a su vez, tienen un dueño. Hay directivos o gerentes, está el cuerpo técnico y, por supuesto, jugadores. Está la federación, las distintas divisiones que tiene el futbol profesional, ya sea varonil o femenil, y los agentes o representantes. Todas esas personas están inmiscuidas, de una u otra manera, en el mercado investigado.
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López Rodríguez afirmó, categórico, que “dentro de estos actores que te acabo de comentar están aquellos que serán objeto de la investigación para determinar si en el mercado de fichajes de jugadores profesionales en el futbol, en el territorio nacional, se están o no haciendo prácticas monopólicas absolutas”.
- SOPLONES
El titular de la Autoridad Investigadora aprovechó para hacer un llamado a quienes, tras haber incurrido en este tipo de prácticas monopólicas absolutas, podrían verse beneficiados mediante un programa de Reducción de Sanciones o de Inmunidad, según lo establece la Ley Federal de Competencia Económica. “La ley dice que aquella persona que esté incurriendo en dichas prácticas, puede acercarse a la autoridad investigadora para aportar información. Si ésta es relevante y esa persona se compromete a colaborar plena y continuamente, en la etapa de investigación y en el procedimiento seguido en forma de juicio, recibe un beneficio. ¿Cuál? Es de dos tipos: el primero que llegue, tendría una multa equivalente a un salario mínimo, que son 80 pesos; el segundo, un descuento de hasta el 50% de la multa y el tercero un 30% de descuento. Lo relevante aquí es que hay temas penales: quien colabore, también tendrá la inmunidad penal”, garantizó.
Dicha persona “no podría ser procesada ni sentenciada con relación a este tipo de prácticas monopólicas absolutas”.
López Rodríguez concluyó que “esta investigación que hacemos pública hoy, sienta un precedente de que este tipo de conductas, relacionadas con procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos, van a ser investigadas por la comisión y, en su caso, sancionadas”.
Asimismo, “también queremos tener un efecto disuasivo, porque este tipo de prácticas de concentración y reclutamiento, que de manera indebida impliquen restricción de movilidad a los empleados, también se dan en otras empresas”.
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De tal suerte, “somos vigilantes de que esto puede estar aconteciendo en otros sectores de la economía nacional”, concluyó el entrevistado, consciente de la trascendencia que tiene el futbol en nuestro país.
En el mercado de fichajes lo que vamos a ver es que esos procesos de reclutamiento, contratación y las políticas que tienen los empleadores para hacerse de los servicios de los jugadores profesionales, no existan acuerdos entre competidores que puedan, de manera ilegal, afectar o generar restricciones indebidas a la movilidad de los empleados (futbolistas). Eso es lo que vamos a descubrir: si existen o no ese tipo de conductas, dentro del mercado investigado Sergio López | Comisión Federal de Competencia Económica
