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El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, presentó su libro El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral, en el que analiza este esquema laboral y los impactos que ha tenido en la fiscalización.
En el marco del Tercer Congreso Nacional Virtual Reformas 2020 de Thomson Reuters, el funcionario indicó que su motivación para realizar esta publicación fue “la injustica que pasaba el país por el esquema de subcontratación”.
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De acuerdo con los datos que Romero Aranda presenta en el libro, en el país hay cuatro mil empresas de outsourcing, de las cuales solo 100 están inscritas ante el IMSS y de estas solo 40 pagan impuestos.
El funcionario subrayó que este esquema de empleo se ha convertido en un medio de defraudación y evasión fiscal por parte de las empresas.
“La mayor cantidad de estas empresas no paga impuestos ni cuotas ante el IMSS o el Infonavit, esto en detrimento de los trabajadores los cuales, cuando quieran jubilarse recibirán una pensión de salario mínimo”, explicó.
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En el libro, Romero Aranda hace una revisión de lo que es el outsourcing, la relación laboral, el contrato de trabajo, así como un análisis de la iniciativa del Presidente de la República para la regulación de este esquema de contratación y, finalmente, una relación de las notas periodísticas que salieron sobre el tema durante la segunda mitad del año.
El procurador mencionó que esta relación busca comparar las opiniones de empresarios y actores que están a favor y en contra de desaparecer el outsourcing, con el fin de aportar elementos para el debate.
Sobre la obra, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó el análisis que hace de este modelo como un instrumento de defraudación fiscal que ha generado una merma en las contribuciones en perjuicio de hacienda pública.
Destacó que este esquema ha sido usado por las empresas para evitar el pago de cuotas completas al IMSS, generando pérdidas para el instituto de 773 millones de pesos al año.
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Incluso, destacó que en el país hay más de seis mil empresas que emplean a 6.6 millones de trabajadores bajo este esquema, evadiendo impuestos anuales por más de 21 mil millones de pesos.
Robledo consideró que este esquema no solo impacta en los trabajadores, que ganan menos, sino que disminuye la competitividad de las empresas del país.
