La demanda que realizó el gobierno de Estados Unidos contra el monopolio de Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, sienta un precedente para México y otros países, donde esta compañía también concentra el mercado de venta de boletos para eventos de entretenimiento como conciertos y obras de teatro.
“Sienta un buen precedente para el mercado internacional de venta de boletos en línea, porque este control de mercado no solo ocurre en Estados Unidos, sino también en México. Entonces, el que Estados Unidos haya pedido la separación de Live Nation de Ticketmaster ayuda a otros países a tomar acciones”, dijo en entrevista, Fiorentina García Miramón, cofundadora de Tec-Check.
Se considera un monopolio cuando un ente económico concentra la mayor parte de un mercado, lo que le permite fijar precios, comisiones o tarifas para obtener mayores ganancias.
La demanda del Departamento de Justicia del país vecino alega que Live Nation-Ticketmaster viola la sección 2 de la Ley Sherman, que prohíbe las colusiones y los acuerdos entre competidores para fijar precios o salarios, manipular licitaciones o asignar clientes, trabajadores o mercados.
Live Nation controla al menos 80 por ciento de la venta de entradas en las principales salas de conciertos en Estados Unidos; gestiona directamente a más de 400 artistas; controla más de 60 por ciento de las promociones de conciertos en todo el país y controla más de 60 por ciento de los grandes anfiteatros, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Esta demanda surgió ante las quejas de los estadounidenses sobre los altos precios en los que se venden los boletos para algún espectáculo, tal como sucedió con el show de la cantante Tylor Swift. Live Nation canceló la venta pública de entradas en noviembre de 2022 porque había demasiada demanda y el inventario restante era insuficiente para satisfacerla.
Una situación similar se vivió en México, no sólo con la alta demanda y los precios altos para asistir al concierto de la cantante Taylor Swift, sino también con el show que brindó el puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Azteca, donde miles de de usuarios no pudieron entrar al concierto, pese a haber adquirido el boleto de manera legal a Ticketmaster.
¿Quién vigila a Ticketmaster en México?
El que Ticketmaster se haya convertido en un monopolio de la venta de boletos en línea se debe a una falta de supervisión y regulación por parte de las autoridades de competencia, no sólo en México, sino también en los países donde opera.
La cofundadora de Tec-Check considera que la venta de boletos, al ser un sector que no está involucrado en el funcionamiento de la economía y de los servicios y productos básicos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no ha mostrado tanto interés en este problema, aunque sí ha realizado investigaciones sobre la venta de boletos.
“Cofece como tal, no solo debería investigar el poder que tienen las empresas al momento de vender boletos, sino también indagar a OCESA al momento de pactar producciones con artistas y los espacios utilizados (…) el problema es que cada vez se van involucrando más sectores del mercado, lo que hace que la investigación se más complicada”, expuso García.
Acuerdo entre Profeco y Ticketmaster fue insuficiente
Recientemente, la Profeco celebró que Ticketmaster aceptó pagar 3.4 millones de pesos a 500 consumidores que se vieron afectados por alguna cancelación durante o después de la pandemia y sin tener un reembolso.
A través de la demanda por “cancelación unilateral”, algunos de los afectados consiguieron el reembolso íntegro de su compra más los cargos por servicio y una bonificación del 20 por ciento conforme a la ley, indicó la dependencia del Gobierno.
Sin embargo, esta solución no resuelve de fondo el problema de la venta de boletos en línea ni garantiza protección a los consumidores, consideró Fiorentina García.
“Al final no se están atendiendo las causas ni raíces de que Ticketmaster está abusando de su poder para no proteger o no violar los derehos de los consumidores a la hora de quejarse”.
García aprovechó para mencionar que debería existir una participación más activa de las autoridades judiciales para proteger más los derechos de los consumidores
“Aquí en México, por parte de jueces, magistrados y ministros no hay tanto interés por entender cómo las empresas violan los derechos de los consumidores. Hay ejemplos como la defensa del etiquetado de productos, pero de ahí en fuera no hay tanta productividad en favor de la protección de los consumidores”.
Con información de EFE
