/ lunes 13 de marzo de 2017

Falta de certeza jurídica, inseguridad y corrupción frenan inversión en México

  • Privilegian gastos a programas sociales sin reducir la pobreza y desigualdad: CEESP

Ha sido inhibido el crecimiento económico en México debido a la falta de certeza jurídica, inseguridad y corrupción, así como por una baja inversión pública que para el cuarto trimestre de 2016 representó solo el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), su menor nivel en cerca de 70 años, según informes del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

De acuerdo con un Análisis Económico Ejecutivo de esa agrupación, las autoridades han privilegiado el gasto corriente dirigido a una enorme cantidad de programas sociales que al final no han reducido la pobreza ni la desigualdad, pero sí han sacrificado la inversión física, que es la que contribuye a crear empleo y mayor actividad económica. “Por ello es tan importante insistir en una eficiente asignación de los recursos”.

El Ceesp puntualizó que la inversión privada, por su parte, se mantiene en aproximadamente 18 por ciento del PIB, “que tampoco es una cifra que nos permita un mayor crecimiento del que tenemos. Es importante recordar que Corea del Sur, por ejemplo, tiene una inversión equivalente al 35 por ciento del PIB que le permite crecer a niveles cercanos al seis por ciento, mientras que en nuestro país la inversión conjunta pública y privada apenas representa el 21 por ciento”.

Dicho Centro de Estudios planteó que, para impulsar la inversión privada, es indispensable un ambiente de certeza jurídica, de seguridad absoluta de derechos de propiedad, un entorno en el que la corrupción, la impunidad y la inseguridad no sean factores que determinen las decisiones de inversión. Aunado a esto se requiere un esquema fiscal que más allá de priorizar el aspecto recaudatorio, se convierta en un incentivo para canalizar mayores recursos a la actividad productiva.

“La combinación de la incertidumbre sobre la claridad del Estado de derecho, la falta de certeza jurídica, un ambiente de inseguridad y corrupción, más una reforma fiscal que no promueve la inversión, ha inhibido en buena medida un mayor nivel de inversión, y por ende, de crecimiento”, acentuó el Ceesp.

Indicó que, en este contexto, nuestro país debe redoblar esfuerzos para corregir una serie de aspectos que son fundamentales para crecer a un ritmo más elevado, como pueden ser: “un sistema fiscal que estimule la inversión; un gasto público inteligente, responsable, que esté dirigido a apuntalar el desarrollo regional y la inversión privada, que a final de cuentas se convierte en mayor beneficio para las familias a través de empleos mejor remunerados, un marco regulatorio eficiente, especialmente en los municipios, donde representa un serio obstáculo a la actividad productiva”.

  • Privilegian gastos a programas sociales sin reducir la pobreza y desigualdad: CEESP

Ha sido inhibido el crecimiento económico en México debido a la falta de certeza jurídica, inseguridad y corrupción, así como por una baja inversión pública que para el cuarto trimestre de 2016 representó solo el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), su menor nivel en cerca de 70 años, según informes del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

De acuerdo con un Análisis Económico Ejecutivo de esa agrupación, las autoridades han privilegiado el gasto corriente dirigido a una enorme cantidad de programas sociales que al final no han reducido la pobreza ni la desigualdad, pero sí han sacrificado la inversión física, que es la que contribuye a crear empleo y mayor actividad económica. “Por ello es tan importante insistir en una eficiente asignación de los recursos”.

El Ceesp puntualizó que la inversión privada, por su parte, se mantiene en aproximadamente 18 por ciento del PIB, “que tampoco es una cifra que nos permita un mayor crecimiento del que tenemos. Es importante recordar que Corea del Sur, por ejemplo, tiene una inversión equivalente al 35 por ciento del PIB que le permite crecer a niveles cercanos al seis por ciento, mientras que en nuestro país la inversión conjunta pública y privada apenas representa el 21 por ciento”.

Dicho Centro de Estudios planteó que, para impulsar la inversión privada, es indispensable un ambiente de certeza jurídica, de seguridad absoluta de derechos de propiedad, un entorno en el que la corrupción, la impunidad y la inseguridad no sean factores que determinen las decisiones de inversión. Aunado a esto se requiere un esquema fiscal que más allá de priorizar el aspecto recaudatorio, se convierta en un incentivo para canalizar mayores recursos a la actividad productiva.

“La combinación de la incertidumbre sobre la claridad del Estado de derecho, la falta de certeza jurídica, un ambiente de inseguridad y corrupción, más una reforma fiscal que no promueve la inversión, ha inhibido en buena medida un mayor nivel de inversión, y por ende, de crecimiento”, acentuó el Ceesp.

Indicó que, en este contexto, nuestro país debe redoblar esfuerzos para corregir una serie de aspectos que son fundamentales para crecer a un ritmo más elevado, como pueden ser: “un sistema fiscal que estimule la inversión; un gasto público inteligente, responsable, que esté dirigido a apuntalar el desarrollo regional y la inversión privada, que a final de cuentas se convierte en mayor beneficio para las familias a través de empleos mejor remunerados, un marco regulatorio eficiente, especialmente en los municipios, donde representa un serio obstáculo a la actividad productiva”.