El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) suspendió el contrato a 18 despachos de cobranza judicial, por presuntas irregularidades que afectaban a los acreditados.
Desde 2016 el Instituto detectó malas prácticas, pero los contrató de nuevo, dijo en conferencia de prensa su director, Carlos Martínez.
Bernardo Altamirano, subdirector de Administración de Cartera del Instituto, explicó que el Infonavit investiga a estos despachos que participaron en juicios masivos, pero debido a que el proceso está en marcha no se pueden revelar detalles, ni tampoco si hubo fraude contra el organismo de vivienda.
Ante el incremento de la cartera vencida las últimas dos administraciones adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes.
En el periodo 2013-2018 el Infonavit pagó a estos proveedores 36 mil millones de pesos, 328 por ciento más que en el lapso 2007-2012.
Sólo el año pasado pagó 11 mil millones de pesos a esos despachos. El Infonavit usará un nuevo modelo de Cobranza Social. Por ello llevó a cabo una licitación para contratar a los despachos que se encargarán de esa tarea y en la cual participaron 140 interesados.
Así, el modelo pasó de más de 200 proveedores a 19 en 20 zonas geográficas, donde, conforme al nuevo modelo, operarán como agentes de soluciones.
De acuerdo con el Infonavit, en los estados de Coahuila, Jalisco y Nayarit se concentra 90 por ciento de los juicios.
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