Un grupo de inversionistas que compró bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT) y que son representados por el despacho Hogan Lovells, rechazó la oferta del gobierno federal por la recompra de los papeles, informó la firma de abogados.
A una consulta de este diario, el vocero de la Secretaría de Hacienda, Carlos Cruz, dijo que preguntaría al titular de la dependencia Carlos Urzúa. Al cierre de la edición no hubo respuesta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evadido el tema desde el domingo, cuando dijo que estaba “en huelga” sobre el tópico, mientras que en sus conferencias matutinas del lunes, martes y miércoles dijo que sería el titular de Hacienda quien respondería sobre el tema.
Ayer, el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, que representa a más de la mitad de los tenedores de, al menos, una serie de las cuatro que lanzó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en 2016 y 2017, dio a conocer a través de su equipo de asesores legales que no fueron consultados por el gobierno antes de que lanzara la oferta de recompra. Pese a ello y después de analizarla tienen algunas “inquietudes” por lo que no pueden apoyar el proyecto.
El lunes, el GACM emitió una propuesta de recompra de los bonos a los mercados internacionales por un total de mil 800 millones de dólares de los seis mil millones que se obtuvieron a través de estos instrumentos.
En su comunicado de ayer, Hogan Lovells indicó que los bonistas están dispuestos a dialogar.
El martes, Adrián García, analista del sector de infraestructura para la agencia Moody’s, recordó que para que la recompra de bonos proceda, al menos la mitad de los dueños de esos títulos deben respaldarla o aprobar cambios en el contrato de compraventa.
Bajo este panorama, el rechazo del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT pone una pausa obligada a la propuesta para recomprar los bonos y prolonga la necesidad de mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues en caso de detener la construcción sin el permiso de los inversionistas éstos pueden demandar a la administración por incumplimiento.
“Al final de cuentas, con todo este tipo de operaciones tienes riesgos, porque lo que puede ocurrir es un evento que cancela la razón por la que se emitió el bono, y eso puede ser sujeto a interpretaciones legales y demandas por parte de inversionistas”, advirtió Sergio Luna, director de Estudios Económicos en Citibanamex.
Sobre la propuesta, los inversionistas señalaron que les preocupa quedarse sin garantía de pago, es decir que la Tarifa Única Aeroportuaria, etiquetada para el pago de los bonos, se destine a la construcción de aeropuertos alternativos o adicionales tanto en la zona de la Ciudad de México como Santa Lucía o a la remodelación de la actual terminal y de la ubicada en Toluca, en el Estado de México.
