/ martes 23 de julio de 2019

Oro Negro acusa campaña de desprestigio por demanda contra bonistas en EU

La actual administración heredó una demanda de la empresa contra México por más de 700 millones de dólares

El director de Oro Negro, Gonzalo Gil White, acusó que hay una campaña de desprestigio en su contra y de la compañía, debido a la demanda que interpuso en una Corte de Estados Unidos a los tenedores de su deuda que piden que se les pague a través de la liquidación de la firma.

En un desplegado, afirmó que “se trata de un intento de intimidación en respuesta a la demanda interpuesta por Oro Negro el 6 de junio pasado en contra de los tenedores de bonos en las cortes de Nueva York".

Además, señaló que la causa única de los problemas financieros de Oro Negro se debe al incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por la administración anterior de Pemex.

Refirió que los principales tenedores de bonos son accionistas controladores de Seamex, "la empresa de perforación más favorecida por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya".

"Esta cercanía de los tenedores de bonos con la administración anterior de Pemex habilitó la estrategia coordinada de destrucción de la empresa para apoderarse de sus activos y allanarle el camino a su competidor", dijo.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de la CDMX para que se revise este asunto y eviten que los bonistas sigan abusando indebidamente del debido proceso legal en el prejuicio de Oro Negro, de los millones de pensionados que participen en su capital por la vía de las Afores y de inversionistas extranjeros mexicanos que apostaron a invertir en el país.

Como dio a conocer El Sol de México, el nuevo gobierno heredó una demanda de la empresa Oro Negro contra México por más de 700 millones de dólares, que presentó al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía confirmó a este diario que está vigente el reclamo a un año de que la empresa notificó el proceso de arbitraje y, a pesar de que la dependencia aún no recibe el escrito de demanda por parte de 31 presuntos inversionistas de la empresa, lo cual de acuerdo con la dependencia deberá darse "en próximas fechas".

El 19 de junio de 2018, accionistas de la empresa Oro Negro interpusieron la denuncia por 700 millones, más intereses y cualquier costo o gasto asociado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

A un año de interponer la denuncia, la empresa fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, alega que Pemex la indujo en 2015 a aceptar la reducción de las tarifas de arrendamiento en los contratos que le había asignado y a suspender temporalmente algunos de ellos, debido a la caída internacional de los precios del crudo.

Los demandantes, entre los que se encuentran fideicomisos de pensiones, empresas petroleras y firmas inversoras, tanto nacionales como extranjeras, acusaron que en 2017 Pemex canceló los contratos de manera ilegal y anticipada.

Durante los primeros años del sexenio pasado, la compañía rentó plataformas a Pemex (cuando Emilio Lozoya era su director), mediante contratos millonarios.

Tras la crisis de los precios internacionales del petróleo, Pemex pidió a sus contratistas renegociar sus precios a cambio de extender contratos, pero al no llegar a un acuerdo con la empresa de Gil White se dio la terminación anticipada de cuatro contratos durante 2017 y desde entonces la empresa se ha enfrascado en demandas contra la petrolera estatal y el gobierno.

La más reciente la interpuso hace unos días en una corte de EU en contra de tenedores de bonos, a quienes les exige mil millones de dólares como indemnización por pérdidas que, acusó, resultaron de su colusión con Pemex para quedarse con el control de cinco plataformas.

La SE señala que Oro Negro inició procedimientos "supuestamente para proteger a sus empleados y acreedores".

En quiebra

El pasado 14 de junio, Oro Negro se declaró en estado de quiebra, dejando suspendida la capacidad de ejercicio de sus subsidiarias.

Ante ello, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Fernando Pérez-Correa Camarena como síndico de la empresa de servicios petroleros Oro Negro.

El abogado tendrá a su cargo la enajenación de la masa concursal de la compañía, compuesta por el conjunto de sus bienes y derechos, para obtener el mayor valor posible y proceder al pago de deudas de la empresa con sus acreedores.

La deuda de Oro Negro asciende a 900 millones de dólares.

El director de Oro Negro, Gonzalo Gil White, acusó que hay una campaña de desprestigio en su contra y de la compañía, debido a la demanda que interpuso en una Corte de Estados Unidos a los tenedores de su deuda que piden que se les pague a través de la liquidación de la firma.

En un desplegado, afirmó que “se trata de un intento de intimidación en respuesta a la demanda interpuesta por Oro Negro el 6 de junio pasado en contra de los tenedores de bonos en las cortes de Nueva York".

Además, señaló que la causa única de los problemas financieros de Oro Negro se debe al incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por la administración anterior de Pemex.

Refirió que los principales tenedores de bonos son accionistas controladores de Seamex, "la empresa de perforación más favorecida por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya".

"Esta cercanía de los tenedores de bonos con la administración anterior de Pemex habilitó la estrategia coordinada de destrucción de la empresa para apoderarse de sus activos y allanarle el camino a su competidor", dijo.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de la CDMX para que se revise este asunto y eviten que los bonistas sigan abusando indebidamente del debido proceso legal en el prejuicio de Oro Negro, de los millones de pensionados que participen en su capital por la vía de las Afores y de inversionistas extranjeros mexicanos que apostaron a invertir en el país.

Como dio a conocer El Sol de México, el nuevo gobierno heredó una demanda de la empresa Oro Negro contra México por más de 700 millones de dólares, que presentó al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía confirmó a este diario que está vigente el reclamo a un año de que la empresa notificó el proceso de arbitraje y, a pesar de que la dependencia aún no recibe el escrito de demanda por parte de 31 presuntos inversionistas de la empresa, lo cual de acuerdo con la dependencia deberá darse "en próximas fechas".

El 19 de junio de 2018, accionistas de la empresa Oro Negro interpusieron la denuncia por 700 millones, más intereses y cualquier costo o gasto asociado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

A un año de interponer la denuncia, la empresa fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, alega que Pemex la indujo en 2015 a aceptar la reducción de las tarifas de arrendamiento en los contratos que le había asignado y a suspender temporalmente algunos de ellos, debido a la caída internacional de los precios del crudo.

Los demandantes, entre los que se encuentran fideicomisos de pensiones, empresas petroleras y firmas inversoras, tanto nacionales como extranjeras, acusaron que en 2017 Pemex canceló los contratos de manera ilegal y anticipada.

Durante los primeros años del sexenio pasado, la compañía rentó plataformas a Pemex (cuando Emilio Lozoya era su director), mediante contratos millonarios.

Tras la crisis de los precios internacionales del petróleo, Pemex pidió a sus contratistas renegociar sus precios a cambio de extender contratos, pero al no llegar a un acuerdo con la empresa de Gil White se dio la terminación anticipada de cuatro contratos durante 2017 y desde entonces la empresa se ha enfrascado en demandas contra la petrolera estatal y el gobierno.

La más reciente la interpuso hace unos días en una corte de EU en contra de tenedores de bonos, a quienes les exige mil millones de dólares como indemnización por pérdidas que, acusó, resultaron de su colusión con Pemex para quedarse con el control de cinco plataformas.

La SE señala que Oro Negro inició procedimientos "supuestamente para proteger a sus empleados y acreedores".

En quiebra

El pasado 14 de junio, Oro Negro se declaró en estado de quiebra, dejando suspendida la capacidad de ejercicio de sus subsidiarias.

Ante ello, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Fernando Pérez-Correa Camarena como síndico de la empresa de servicios petroleros Oro Negro.

El abogado tendrá a su cargo la enajenación de la masa concursal de la compañía, compuesta por el conjunto de sus bienes y derechos, para obtener el mayor valor posible y proceder al pago de deudas de la empresa con sus acreedores.

La deuda de Oro Negro asciende a 900 millones de dólares.

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