Por robo de urnas y una serie de graves irregularidades en la consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo en la empresa Goodyear en San Luis Potosí, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) suspendió el proceso.
De acuerdo a los informes preliminares del personal del Centro Federal Laboral, presente en la votación, y de videos de vigilancia y documentación que proporcionó la empresa, integrantes del Sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la CTM, sustrajeron la urna que se utilizó en la primera jornada de la votación.
En esta empresa laboran poco más de mil 130 trabajadores sindicalizados, que votaban sí están o no de acuerdo con su contrato colectivo de trabajo.
Ante estos hechos la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, y el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, condenaron enérgicamente estos hechos que atentan contra los principios de libertad y democracia sindical que establece la Reforma Laboral.
Será el Centro Federal Laboral el que tomará acciones inmediatas para que la consulta se reponga en los próximos días bajo condiciones excepcionales de seguridad y vigilancia, sin intervención alguna del sindicato titular del CCT.
Y con la participación de observadores nacionales e internacionales que brinden certeza y transparencia a la nueva elección.
Además, el Centro Federal Laboral presentará denuncias penales en contra de los responsables de estos hechos e iniciará los procedimientos legales correspondientes en contra de quienes resulten responsables de estos hechos.
En el comunicado del CFCRL el gobierno federal refrenda su compromiso de garantizar la vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva auténtica.
En ese sentido, hace un llamado a la empresa y a las y los trabajadores de Goodyear San Luis Potosí a colaborar con la autoridad laboral y proporcione información que permita identificar, investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.
Apenas el pasado 20 de abril, la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) presentó una queja en el marco del T-MEC ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, al considerar que la empresa estaba negando sus derechos laborales a sus empleados.
En este sentido, la LSOM acusó que la empresa pretende sustituir el Contrato-Ley, cuya aplicación es obligatoria para la industria llantera, mediante un contrato colectivo de trabajo de protección, que tiene condiciones laborales muy inferiores.
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