De aprobarse las propuestas de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia administrativa y en el sector minero, se podrían generar nuevas disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá bajo el amparo del T-MEC.
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Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC), dijo en entrevista que dichas reformas no brindan certeza jurídica para las empresas nacionales y extranjeras que invierten o busquen hacerlo en el corto y mediano plazo.
“Las reformas administrativas son una iniciativa que viola los tratados comerciales y a la protección de la inversión; afectaría a las empresas que ya invirtieron en México y a las que van a invertir”, aseguró von Wobeser a El Sol de México.
A finales de marzo y a poco más de un año de concluir su gobierno, López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa que busca modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa con las que amplía la posibilidad de que el Estado pueda revocar contratos o licitaciones sin tener que indemnizar a la parte afectada, esto bajo el argumento de defender derechos de la nación.
La iniciativa del Ejecutivo encendió las alarmas de la cúpula empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que solicitaron la instauración de un Parlamento Abierto para discutir a profundidad el impacto de dichas reformas con el poder Legislativo.
Para el presidente de la ICC México, la aprobación de las reformas abrirá una nueva disputa comercial entre México y Estados Unidos, la cual se sumaría a las consultas ya solicitadas por los socios del T-MEC en materia energética y de maíz transgénico. Añadió que el gobierno mexicano está enviando señales negativas al extranjero y que ningún inversionista quiere inyectar capital en un lugar donde impera la incertidumbre.
“No son buenas estas iniciativas, no están bien reflexionadas y pensadas. Se frenarían muchas inversiones, sin duda”, agregó el presidente de la ICC.
También en entrevista, Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó a este medio que es muy probable que Canadá y Estados Unidos exijan una explicación al gobierno mexicano por dichas iniciativas, especialmente porque se modifica la Ley de Expropiación.
“Se elimina la disposición que menciona que la expropiación está sujeta a los tratados comerciales, eso es gravísimo”, dijo Hurtado.
Añadió que México tiene todo para atraer e incrementar la inversión extranjera y que en lugar de proponer estas iniciativas, tiene que mejorar el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica nacional para aprovechar la reconfiguración de la industria global o nearshoring.
Otras Reformas preocupan
El gobierno mexicano mantiene dos series de consultas en su contra activas, ambas con Estados Unidos y Canadá. La primera corresponde al mercado energético y otra al sector agrícola.
En abril del año pasado, el gobierno de López Obrador aprobó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la industria privada en el despacho de energía.
Al respecto, Estados Unidos y Canadá solicitaron una serie de consultas a la Secretaría de Economía (SE) sobre la política energética del gobierno mexicano, ya que ambos socios comerciales acusaron al país de prácticas monopólicas que perjudican a las compañías estadounidenses y canadienses.
De acuerdo con Claus von Webeser, si México no logra convencer a ambos países sobre el manejo del mercado energético, el gobierno de la 4T tendría que acudir a un panel de resolución de conflictos, donde se le sancionará a la República Mexicana y se impondrán aranceles a productos de exportación.
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En cuanto a la segunda consulta, se hizo en referencia al decreto que publicó el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sobre prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, así como el uso del herbicida glifosato. El maíz modificado sólo podrá ser utilizado para el consumo animal e industrial. Tras el anuncio, Canadá y EU externaron su preocupación y solicitaron al gobierno de México pruebas del daño a la salud que provoca el maíz amarillo, a lo que Raquel Buenrostro, titular de Economía, pidió que EU mostrara las evidencias de que la prohibición dañaba al mercado agrícola.
