La Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier y el Centro de Excelencia en la Administración Sostenible de Recursos de la ONU-UNECE han establecido un acuerdo de colaboración para realizar un monitoreo para identificar y evaluar las acciones que las empresas mineras se encuentran implementando con un perfil de minería sostenible.
Este acuerdo forma parte del interés de la administración federal y tiene como objetivo impulsar prácticas en minería que contribuyan al desarrollo social y que al mismo tiempo actúen con responsabilidad en el tema ambiental.
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Este estudio, forma parte de la iniciativa “Industrias Extractivas – Transición hacia Sistemas Sostenibles”, que presentó el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el año 2021. Este se enmarca en el esfuerzo que realizan países, empresas y la sociedad civil, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Al respecto, Tatiana Clouthier dio a conocer que la Secretaría de Economía colabora con el Centro de Excelencia en la Administración Sostenible de Recursos de la ONU-UNECE en la realización de un monitoreo para identificar las prácticas enfocadas a la minería sustentable que se encuentran implementando empresas mineras en México.
Por su parte el Centro de Excelencia en la Administración Sostenible de Recursos de la ONU-UNECE explica que el “objetivo de esta prueba es analizar cuantitativa y cualitativamente los principales elementos que están involucrados en el desarrollo de los proyectos mineros en toda su cadena de valor, desde la exploración, pasando por desarrollo y hasta el abandono, considerando principalmente los aspectos técnicos, económicos, sociales, normativos y ambientales, bajo los estándares de la UNFC (United Nations Framework Classification ) y del UNRMS (United Nations Resources Management System) encaminados a la identificación de los retos y oportunidades que permitan al gobierno, la industria, la academia, y a la sociedad civil, identificar de manera objetiva y efectiva las acciones que permitan al sector llevar a cabo acciones o definir estrategias que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 20302”.
Lo anterior, cuenta con el marco analítico y de propuestas que elaboraron el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Red de Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial, mediante la publicación de la “Cartografía de la minería con los Objetivos de Desarrollo Sostenible un Atlas” este documento establece las estrategias de cómo el sector minero puede adaptar sus procesos y actividades para contribuir en la concreción de los ODS.
Este documento es una guía para que los proyectos mineros, tanto los nuevos, en operación y en fase de cierre, adapten sus procesos y actividades al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sentando las bases de la minería para el desarrollo sostenible.
En este sentido, la Cámara Minera de México, Camimex, en sus informes de Sustentabilidad 2020 y 2021, da cuenta sobre la manera en que las empresas que forman parte de esta Cámara se encuentran trabajando desde el enfoque de minería para el desarrollo sostenible.
En estos informes la Camimex reporta que en el año 2020, sus asociados aportaron cinco mil 570 millones de pesos para concretar acciones y programas de desarrollo social y medioambiente, beneficiando directamente a 212 municipios en 24 estados de la república en donde realizan sus actividades mineras. También informa que 29 unidades mineras participan en el programa de industria limpia de la PROFEPA, tres empresas mineras se distinguieron en Excelencia Ambiental y tres grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores.
Esto demuestra que en México, existen importantes avances en el impulso de la minería para el desarrollo sostenible, tanto en el marco de las políticas públicas de la actual administración pública federal y en el sector minero. Todo esto articulado con una visión de respeto a los derechos humanos. A esto, se suma, la existencia en México de un robusto marco legal que obliga a los proyectos mineros a cumplir con las medidas de prevención y mitigación ambiental, aunado al cumplimiento de las responsabilidades fiscales.
Desde este enfoque, la minería para el desarrollo sostenible abre una ventana de oportunidad para que las comunidades acuerden con los proyectos mineros estrategias de colaboración que permitan generar un valor compartido, tanto para las localidades y las empresas mineras, y sean capaces de contribuir en mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades.
En el caso de proyectos mineros que se encuentra en la fase de diseño, y que ya incorporan una orientación de minería para el desarrollo sostenible, se encuentra el Proyecto Esperanza, de la empresa Esperanza Silver de México, proyecto que tiene el interés de convertir en riqueza social un yacimiento de oro y plata que se encuentran en las inmediaciones de la comunidad de San Agustín Tetlama en Temixco, Morelos, se encuentra en puerta de convertirse en el primer proyecto minero en México que desde la elaboración de su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental, incorpora los principios y acciones de una minería para el desarrollo sostenible, tal y como el gobierno federal y la ONU se encuentran promoviendo.
Al respecto, Ricardo Sierra Oteiza, especialista en temas ambientales, y vocero de Esperanza Silver de México, en entrevista con El Sol de México, informó que “en respuesta a este nuevo entorno internacional y nacional centrado en el impulso de una minería para el desarrollo sostenible, en el diseño de nuestro proyecto minero, incorporamos en nuestro plan de negocios los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, de esta manera asumimos nuestro compromiso con la comunidad, con el respeto del medio ambiental, y nos adherimos de manera absoluta en la promoción de los derechos humanos”.
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Con estos elementos, es viable apreciar la sinergia que existe entre la ONU, el gobierno federal y las empresas mineras legales, en consolidar en el país un modelo de minería para el desarrollo sostenible con capacidad de generar relevantes aportaciones económicas y sociales que permitan reducir las brechas de desigualdad, y al mismo tiempo actuar de manera responsable con el entorno medioambiental.
