/ sábado 29 de abril de 2017

Sanciones administrativas en “El Torito” son ineficaces: CDHDF

Los mecanismos existentes para compartir información sobre el cumplimiento de sanciones administrativas entre las autoridades de “El Torito” y las de justicia cívica son deficientes, ineficaces, poco confiables e inoportunos, por lo que propician vulneraciones a las garantías de los infractores, determinó ayer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En su recomendación 1/2017, Perla Gómez Gallardo, ombudsperson capitalina, abordó el caso de una persona que reprobó el alcoholímetro, por lo que fue llevada a dicho centro de sanciones administrativas para cumplir un castigo de 20 horas inconmutables, sin embargo la Dirección de Ejecutiva de Justicia Cívica ordenó su reingreso porque tenía 14 horas y 45 minutos pendientes por cumplir de la sanción de arresto.

De esta manera, documentó la detención de una persona por el inadecuado registro del cumplimiento de la sanción impuesta en el marco del Programa Conduce sin Alcohol.

Por lo que toca al primero de los instrumentos recomendatorios, las autoridades responsables fueron la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México.

Indicó que los derechos humanos violados en este caso fueron a la seguridad jurídica y principio de legalidad, así como al debido proceso y a la libertad personal.

En 2016 la persona agraviada fue detenida y sancionada administrativamente en el marco del Programa Conduce sin Alcohol (Alcoholímetro), por lo que motivó el traslado de su vehículo a un depósito y el arresto inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, por conducir su vehículo superando el límite de alcohol permitido.

Relató que el 14 de agosto de 2016 la persona peticionaria y agraviada fue sancionada por la juez Cívica Itinerante 3, con un arresto inconmutable de 20 horas al haber excedido el límite de alcohol en aire espirado. Ese mismo día, a las 04:45 horas, fue ingresada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, a efecto de que cumpliera la sanción.

A las 08:03 horas un actuario adscrito a un juzgado de distrito en materia administrativa se presentó en dicho centro para notificar la suspensión provisional lisa y llana, otorgada a favor de la persona agraviada en un juicio de amparo indirecto que la víctima no había solicitado. Por ello, la persona agraviada se negó a aceptar dicha suspensión y cumplió con la sanción que le fue impuesta, obteniendo su libertad a las 23:45 horas del 14 de agosto de 2016, expidiéndose a su favor la boleta respectiva.

No obstante, explicó, en el “Torito” se registró la suspensión y egreso de la persona agraviada a las 09:00 horas del 14 de agosto de 2016, información que se transmitió a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, se ordenó su reingreso el 14 de octubre de ese mismo año por supuestamente tener 14 horas 45 minutos pendientes por cumplir de la sanción de arresto.

Lo anterior ocasionó que la persona agraviada fuera detenida el 30 de noviembre de 2016 por policías de la Ciudad de México, quienes la llevaron a “El Torito” como lo ordenara la juez Cívica, pero no fue recibida, por lo que los policías la trasladaron a su domicilio.

“Esta acción transgredió el derecho a la libertad de la persona agraviada, toda vez que había cumplido su sanción consistente en el arresto de 20 horas inconmutables. Asimismo, violó el debido proceso por la omisión de  garantizar su derecho a una adecuada defensa, así como por la omisión de informar los derechos que le asistían”, puntualizó Gómez Gallardo.

Finalmente, la Recomendación 1/2017 consta de 5 puntos entre los que destacan: indemnizar a la víctima directa por concepto de daño material e inmaterial; realizar un diagnóstico de los registros disponibles sobre la información de las personas que son presentadas ante los juzgados cívicos, el procedimiento que se les instruye, la sanción que se les impone y remisión ante la autoridad y ejecución de la medida impuesta, a fin de identificar necesidades, su efectividad y eficacia; diseñar e implementar un mecanismo informático de coordinación interinstitucional que permita compartir la información de manera precisa, oportuna y veraz, sobre las personas sujetas a un procedimiento administrativo ante un Juzgado Cívico.

Los mecanismos existentes para compartir información sobre el cumplimiento de sanciones administrativas entre las autoridades de “El Torito” y las de justicia cívica son deficientes, ineficaces, poco confiables e inoportunos, por lo que propician vulneraciones a las garantías de los infractores, determinó ayer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En su recomendación 1/2017, Perla Gómez Gallardo, ombudsperson capitalina, abordó el caso de una persona que reprobó el alcoholímetro, por lo que fue llevada a dicho centro de sanciones administrativas para cumplir un castigo de 20 horas inconmutables, sin embargo la Dirección de Ejecutiva de Justicia Cívica ordenó su reingreso porque tenía 14 horas y 45 minutos pendientes por cumplir de la sanción de arresto.

De esta manera, documentó la detención de una persona por el inadecuado registro del cumplimiento de la sanción impuesta en el marco del Programa Conduce sin Alcohol.

Por lo que toca al primero de los instrumentos recomendatorios, las autoridades responsables fueron la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México.

Indicó que los derechos humanos violados en este caso fueron a la seguridad jurídica y principio de legalidad, así como al debido proceso y a la libertad personal.

En 2016 la persona agraviada fue detenida y sancionada administrativamente en el marco del Programa Conduce sin Alcohol (Alcoholímetro), por lo que motivó el traslado de su vehículo a un depósito y el arresto inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, por conducir su vehículo superando el límite de alcohol permitido.

Relató que el 14 de agosto de 2016 la persona peticionaria y agraviada fue sancionada por la juez Cívica Itinerante 3, con un arresto inconmutable de 20 horas al haber excedido el límite de alcohol en aire espirado. Ese mismo día, a las 04:45 horas, fue ingresada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, a efecto de que cumpliera la sanción.

A las 08:03 horas un actuario adscrito a un juzgado de distrito en materia administrativa se presentó en dicho centro para notificar la suspensión provisional lisa y llana, otorgada a favor de la persona agraviada en un juicio de amparo indirecto que la víctima no había solicitado. Por ello, la persona agraviada se negó a aceptar dicha suspensión y cumplió con la sanción que le fue impuesta, obteniendo su libertad a las 23:45 horas del 14 de agosto de 2016, expidiéndose a su favor la boleta respectiva.

No obstante, explicó, en el “Torito” se registró la suspensión y egreso de la persona agraviada a las 09:00 horas del 14 de agosto de 2016, información que se transmitió a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, se ordenó su reingreso el 14 de octubre de ese mismo año por supuestamente tener 14 horas 45 minutos pendientes por cumplir de la sanción de arresto.

Lo anterior ocasionó que la persona agraviada fuera detenida el 30 de noviembre de 2016 por policías de la Ciudad de México, quienes la llevaron a “El Torito” como lo ordenara la juez Cívica, pero no fue recibida, por lo que los policías la trasladaron a su domicilio.

“Esta acción transgredió el derecho a la libertad de la persona agraviada, toda vez que había cumplido su sanción consistente en el arresto de 20 horas inconmutables. Asimismo, violó el debido proceso por la omisión de  garantizar su derecho a una adecuada defensa, así como por la omisión de informar los derechos que le asistían”, puntualizó Gómez Gallardo.

Finalmente, la Recomendación 1/2017 consta de 5 puntos entre los que destacan: indemnizar a la víctima directa por concepto de daño material e inmaterial; realizar un diagnóstico de los registros disponibles sobre la información de las personas que son presentadas ante los juzgados cívicos, el procedimiento que se les instruye, la sanción que se les impone y remisión ante la autoridad y ejecución de la medida impuesta, a fin de identificar necesidades, su efectividad y eficacia; diseñar e implementar un mecanismo informático de coordinación interinstitucional que permita compartir la información de manera precisa, oportuna y veraz, sobre las personas sujetas a un procedimiento administrativo ante un Juzgado Cívico.