La aplicación de pruebas para detectar casos de Covid-19 es un elemento básico antes de pensar en la reanudación de las actividades en la Ciudad de México, que es la que más pacientes tiene de esa enfermedad, recomendaron ayer especialistas en salud.
Al cumplirse 59 días de confinamiento, Alejandro Ernesto Macías, Agustín Herrera, Jorge Alberto Grajales y Carolina Gómez expresaron lo anterior al participar en la Mesa de Salud, Diagnóstico y Propuestas del Foro Ciudadano por la CdMx y en la que coincidieron en advertir que un rebrote de ese mal puede provocar más muertes y llevar al colapso al sistema hospitalario.
El primero de los ponentes, quién es catedrático de la Universidad de Guanajuato dijo que México está por debajo de países, por ejemplo Venezuela y Cuba, en la aplicación de exámenes para ubicar a personas asintomáticas.
Criticó que en el país se hagan pocas pruebas, como una política de Estado, lo cual es erróneo, pues se cuentan con las instalaciones capacitadas para ello. Quizá sea costoso dicha detección, “pero es más caro lo que está haciendo ahora México, más caro, que hacer pruebas”, subrayó.
Por su parte, Carolina Gómez opino que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tomó medidas tardías frente a la pandemia, pues pasaron 24 días entre el primer caso registrado en la capital y la instrumentación de restricciones.
Mencionó que actualmente se tiene una tasa local de contagio de 138 personas por 100 mil habitantes, mientras que el país es de 33 casos por 100 mil habitantes, por lo que se manifestó a favor de seguir con la medida de sana distancia y autoconfinamiento.
Jorge Alberto Grajales, secretario general de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, presentó las contradicciones entre las disposiciones federales y las federales, pues la primeras consideran a los mayores de 60 años como población vulnerable y en la capital es de mayores de 65 años.
Finalmente, Agustín Antonio Herrera, especialista en Bioetica, llamó al gobierno a emplear el máximo de recursos para la atención de la pandemia y no sólo un porcentaje.
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