De los 725 inmuebles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró en 2022 y lo que va del año por el delito de despojo, únicamente regresó 238 a sus dueños legítimos luego de que delincuentes los tuvieron en sus manos.
Según Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), el problema del delito de despojo es de tal magnitud que cuando asumió el cargo, en 2018, descubrió que había un rezago de al menos tres mil carpetas de investigación por esa causa.
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La fiscal y Oliver Pilares Viloria, coordinador general de Investigación Territorial de la FGJ, abordaron este tema durante sus comparecencias ante el Consejo Judicial Ciudadano. Ambos describieron los modus operandi de los grupos delictivos para apoderarse de los inmuebles, ya que no recurren solo a la violencia o al cambio de cerraduras de los inmuebles.
La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) es la encargada de atender estos casos y en lo que va de esta administración logró el aseguramiento de al menos cuatro mil 773 bienes inmuebles.
Pilares Viloria reportó que el año pasado recobraron 525 inmuebles y devolvieron 121 y en lo que va de 2023 recuperaron 200 y entregaron 117 a sus legítimos propietarios. Sólo 32 por ciento de las propiedades regresaron a manos de los dueños.
El coordinador detalló que los grupos criminales emplean diversas formas para apoderarse de los inmuebles, como las simulaciones de compra-venta con contratos privados y que después los formalizan ante jueces civiles o la localización de propiedades abandonadas en las que acreditan ser dueños ante el Registro Público de la Propiedad con escrituras falsas que consiguen en Tlaxcala, Guerrero o Hidalgo.
También hay simulaciones de pago, invasiones furtivas y el despojo a personas de la tercera edad.
Hay juicios civiles que son simulados y es necesario acudir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe si hay un pago de por medio u ocurrió la transacción. “Hemos descubierto, a partir de hace tres meses para acá, muchas simulaciones de compra-venta de inmuebles en los que utilizan cheques que nunca son cobrados, cheques falsos, cuentas que nunca existieron. Eso nos dificulta la devolución de algunos inmuebles, pero la mayoría se están devolviendo en lo que va de este año”, aseguró Pilares Viloria.
La fiscal de la Ciudad de México reconoció que es un fenómeno criminal que no está presente únicamente en el Centro Histórico capitalino, sino que se da en otras partes de la urbe.
Otra forma de despojo empleada por los invasores es el fraude procesal. Godoy declaró que están involucrados notarios, personal de registros públicos y jueces, pero no refirió de qué estados.
La funcionaria narró como ejemplo de estas complicaciones un caso: “yo lo demando a usted por la casa del señor Emiliano y usted me allana y le dan la escritura a usted, pero el señor Emiliano ni siquiera se ha enterado, se entera cuando llegan a sacarlo o lo desalojan por orden judicial”.
Cuando el Consejo Judicial Ciudadano preguntó a la fiscal por qué no devuelven los inmuebles asegurados, Godoy Ramos respondió: “deshacer esa maraña en el despojo es realmente muy complicado, tenemos que ayudar a la gente para que anule instrumentos públicos, instrumentos notariales o nos traen escrituras de otros estados donde aparece que usted vendió su casa y nos damos cuenta hasta que llegan, pero no se la puedo devolver porque tengo un instrumento notarial, tengo un instrumento público”.
Los jueces toman los casos, alegan que carecen de facultades de investigación, los despojadores les presentan escrituras falsas, pero tienen todas las características de autenticidad.
La fiscal explicó que es un tipo penal muy difícil, porque el despojo es un delito instantáneo, por eso al personal de la Fidampu le cuesta trabajo judicializar los casos.
Un caso que muestra estas complicaciones es del de Turín 41, colonia Juárez, un inmueble de muros blancos, de más de 100 años, ubicado a media cuadra del Mercado Juárez, y en el que vivían 12 familias. El viernes 6 de octubre la autoridad intervino y desalojó con la fuerza pública a seis de ellas por no tener su estancia regular.
El personal de la Fidampu colocó sobre la fachada una lona para avisar el aseguramiento de la casona, en la cual residía la señora Ana Karen Rivera con su hija
En entrevista con El Sol de México, contó que su tío vivía en esa vivienda, pero tuvo que irse a residir a otro lado, por lo que la dejó a ella ahí, eso sí, aseguró, cada mes depositó una renta de mil 800 pesos en una cuenta. “No presentaron orden, solo me sacaron de mi casa”.
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El edificio pertenece a la Fundación Antonio Haghenbeck y de La Lama dedicada al cuidado de perros y gatos, y en el que aún vive la señora María Patricia Sánchez Robles, quien asegura que el inmueble está muy dañado, su estructura es de alto riesgo del que fueron desalojadas seis familias que llevaban más de 50 años de residir ahí y que cuentan con los papeles como recibos de luz para demostrarlo.
María Patricia agregó que al menos dos familias que expulsaron del inmueble tenían el permiso verbal de la anterior dueña para vivir ahí.
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