La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que, una minoría en el Congreso de la Ciudad de México que acusa persecución política, ha dejado afuera la opinión de las víctimas que se atienden como parte del proceso de su ratificación debido a que sólo atiende intereses personales o de grupo.
Durante la entrevista que le hicieron integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, en la recta final del proceso para ratificarla o no, la fiscal aseguró que no se dará marcha atrás en hacer cumplir la ley y refrendó que algunos que representan al pueblo no llegan al consenso por cuestiones políticas.
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La titular de esa dependencia declaró estar lista para un nuevo mandato, reafirmó su compromiso social de luchar para que quien cometa una injusticia no quede sin castigo y las víctimas del delito reciban una atención integral.
El panista Anibal Cañez cuestionó la forma en que tuvo lugar esta reunión con la fiscal, pero durante su turno no abordó los casos en los que se ha visto envuelto Acción Nacional, como la red de corrupción inmobiliaria.
En cambio, Ernestina Godoy sí lo hizo y le dijo a los panistas que la corrupción no es un derecho y negó la existencia de perseguidos políticos. “Lo que sí hay son políticos que han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales fuera de la ley”, afirmó.
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Luego de escuchar los planteamientos que le hicieron los diputados de siete de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias que conforman el Congreso capitalino, la fiscal estuvo de acuerdo en que el proceso debe ir más allá de consideraciones políticas.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión tiene cuatro días a partir de este miércoles para emitir el dictamen que deberá someterse a votación del pleno. La ratificación debe aprobarse por 44 de los 66 diputados que integran el Congreso.
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