Detrás de la aparente normalidad que se aprecia en la fachada del edificio Colón –mejor conocido como Trevi, por el restaurante italiano que está en su planta baja, a un lado de la Alameda Central- se esconde una cruda realidad: solo cuatro de los 31 departamentos permanecen habitados, el resto han sido desalojados de distintas maneras por la empresa Público que, con ayuda de banca Mifel, convertirá el inmueble con valor artístico en oficinas y salas de juntas compartidas.
Daniel, profesor investigador en ciencias sociales, lleva 15 años viviendo en el departamento 23 del edificio Trevi. Es una de las personas que están en riesgo de quedarse sin casa en plena campaña del quédate en casa –lanzada para prevenir contagios del nuevo coronavirus. Desde hace dos años él e inquilinos de otros 11 departamentos recurrieron a la vía legal para ejercer su derecho al tanto, es decir, poder comprar el departamento que por años han habitado.
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O, en el mejor de los casos, que los inquilinos puedan formar parte del proyecto de reconversión del edificio, pero esto se ve todavía más lejos. Por dentro el inmueble parece una zona de guerra: los departamentos han sido destruidos, algunos muros derribados, el repellado de las paredes fue eliminado. En medio de un silencio total –interrumpido solo por el trinar de algunas aves- el edificio Trevi luce fantasmal.
Aquí ya no hay más vecinos, la vida comunitaria ha sido borrada y solo quedan algunos esfuerzos de lucha que radican en el Juzgado 20 de lo Civil de la Ciudad de México. En su departamento, en donde el polvo por todos lados le recuerda la destrucción que se ha hecho de su puerta hacia afuera, Daniel admite en entrevista con El Sol de México que la lucha por su derecho a la vivienda ha sido dura e incluso son presionados con demandas ocultas en su contra para obligarlo a desistir, algo que no está en sus planes.
Gracias a que el 1 de abril se suspendieron las obras privadas durante lo que dure la emergencia sanitaria, los albañiles que Público había llevado e incluso a los que les dio los cuartos de servicio para que pernoctaran –como una manera más de presionar a los inquilinos en resistencia- Daniel y sus pocos vecinos han descansado del ruido de los martillazos que escuchaban día y noche. Pues antes de eso, el quedarse en casa más una tortura que una medida de prevención.
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“Cuando tiene en plena pandemia a más de 50 trabajadores martillando por todos lados y además pernoctando en los cuartos de servicio, pero hacinados, con lo que eso implica en términos de salud. Además hay mucho polvo y eso afecta los pulmones (…) Esa es la contradicción: resguardarse en su casa, pero estamos en el peligro tanto de salud como de habitabilidad, de que nos vengan a desalojar”, advirtió Daniel quien afirma que no desistirá en su lucha para ejercer su derecho a la vivienda y el de sus vecinos. No sólo es una lucha personal, dice, sino que se busca dejar un precedente en la capital, pues al año hay más de tres mil desalojos de vivienda.
Esto lo obligó a resguardar objetos de valor, dado que en los desalojos de otros vecinos del edificio Trevi se suscitaron robos de propiedades, como equipo musical por un valor de 30 mil pesos. Mientras personas no identificadas y en actitud violenta suben, irrumpen y sacan las cosas de los inquilinos, otros esperan abajo para cometer la rapiña. Así han transcurrido dos años y Daniel admite que la resistencia puede durar todavía más y está dispuesto a librar la batalla legal, pero el riesgo de desalojo es latente, debido a las debilidades del sistema jurídico.
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