/ lunes 26 de septiembre de 2016

A 2 años de Ayotzinapa, el caso sigue plagado de dudas

Este lunes 26 de septiembre se cumple dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el caso sigue plagado de dudas y de denuncias de inconsistencias en la investigación, lo que aviva la exigencia de los padres de los jóvenes de lograr justicia y verdad.

Los estudiantes fueron atacados la noche del 25 de septiembre a la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula, donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

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Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que investigaron más de un año junto a la PGR, cuestionaron la versión oficial. [caption id="attachment_77249" align="alignnone" width="615"] Foto: Notimex[/caption]

Dijeron que fue sustentada en testimonios de personas con "serios indicios de tortura" y con elementos sin sustento científico y que se modificaron a lo largo del proceso sin justificación.

Los expertos también cuestionaron el trabajo del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón, a quien los padres de las víctimas acusaron de manipular pruebas.

Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se le abriera una investigación interna por presuntas irregularidades.

El fiscal Alfredo Higuera asumió la investigación en junio, cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de las víctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la PGR, los expertos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y basándose en pruebas sólidas e irrefutables.

Luego de dos años todavía están prófugos actores clave del crimen y hay pruebas en poder del Ejército que no fueron entregadas a la PGR.

No te pierdas: 

[caption id="attachment_33045" align="alignnone" width="615"] Foto: AP[/caption] Un total de 128 personas han sido detenidas y de ellas 70 están bajo proceso aunque ninguno por desaparición forzada, sino por secuestro, delincuencia organizada o lavado de dinero. La gran mayoría de los procesados son policías locales, pero también está el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y miembros del cártel de Guerreros Unidos.

Los expertos internacionales cuestionaron también la actuación de funcionarios estatales, policías federales y militares que estuvieron al tanto de los ataques en el momento en que ocurrían.

Higuera dijo que miembros de esas tres corporaciones están bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido procesado.

También hay abierta una pesquisa interna en la PGR sobre la actuación de sus funcionarios y los tribunales deben todavía pronunciarse sobre las acusaciones de tortura.

Agregó que el FBI estadounidense colabora en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona donde fueron secuestrados los jóvenes para determinar si pudieron ser manipulados.

||Con información de AP||

Entérate: 

Este lunes 26 de septiembre se cumple dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el caso sigue plagado de dudas y de denuncias de inconsistencias en la investigación, lo que aviva la exigencia de los padres de los jóvenes de lograr justicia y verdad.

Los estudiantes fueron atacados la noche del 25 de septiembre a la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula, donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

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Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que investigaron más de un año junto a la PGR, cuestionaron la versión oficial. [caption id="attachment_77249" align="alignnone" width="615"] Foto: Notimex[/caption]

Dijeron que fue sustentada en testimonios de personas con "serios indicios de tortura" y con elementos sin sustento científico y que se modificaron a lo largo del proceso sin justificación.

Los expertos también cuestionaron el trabajo del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón, a quien los padres de las víctimas acusaron de manipular pruebas.

Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se le abriera una investigación interna por presuntas irregularidades.

El fiscal Alfredo Higuera asumió la investigación en junio, cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de las víctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la PGR, los expertos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y basándose en pruebas sólidas e irrefutables.

Luego de dos años todavía están prófugos actores clave del crimen y hay pruebas en poder del Ejército que no fueron entregadas a la PGR.

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Los expertos internacionales cuestionaron también la actuación de funcionarios estatales, policías federales y militares que estuvieron al tanto de los ataques en el momento en que ocurrían.

Higuera dijo que miembros de esas tres corporaciones están bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido procesado.

También hay abierta una pesquisa interna en la PGR sobre la actuación de sus funcionarios y los tribunales deben todavía pronunciarse sobre las acusaciones de tortura.

Agregó que el FBI estadounidense colabora en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona donde fueron secuestrados los jóvenes para determinar si pudieron ser manipulados.

||Con información de AP||

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