Este lunes 26 de septiembre se cumple dos años de ladesaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el casosigue plagado de dudas y de denuncias de inconsistencias en lainvestigación, lo que aviva la exigencia de los padres de losjóvenes de lograr justicia y verdad.
Los estudiantes fueron atacados la noche del 25 de septiembre ala madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policíasmunicipales vinculados con el crimen organizado ysupuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidosque los hizo desaparecer, aparentemente, con lacomplicidad o la inacción de otros funcionarios.
La primera versión oficial sostenía que los 43jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula, dondefueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que suscenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontróuna bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado comoperteneciente a uno de los estudiantes.
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Dijeron que fue sustentada en testimonios de personascon "serios indicios de tortura" y con elementos sinsustento científico y que se modificaron a lo largo del procesosin justificación.
Los expertos también cuestionaron el trabajo del entoncesdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de laProcuraduría General de la República, TomásZerón, a quien los padres de las víctimasacusaron de manipular pruebas.
Zerón renunció el 14 de septiembre después de que se leabriera una investigación interna por presuntasirregularidades.
El fiscal Alfredo Higuera asumió la investigación enjunio, cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de lasvíctimas, subrayó que su objetivo es avanzar en elesclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hastaahora por la PGR, los expertos internacionales y la ComisiónNacional de Derechos Humanos y basándose en pruebas sólidas eirrefutables.
Luego de dos años todavía están prófugos actoresclave del crimen y hay pruebas en poder del Ejército queno fueron entregadas a la PGR.
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[caption id="attachment_33045" align="alignnone"width="615"]Foto: AP[/caption] Un total de 128 personas hansido detenidas y de ellas 70 están bajo proceso aunque ninguno pordesaparición forzada, sino por secuestro, delincuencia organizadao lavado de dinero. La gran mayoría de los procesados sonpolicías locales, pero también está el ex alcalde deIguala, José Luis Abarca, y miembros del cártel deGuerreros Unidos.
Los expertos internacionales cuestionaron también laactuación de funcionarios estatales, policías federales ymilitares que estuvieron al tanto de los ataques en elmomento en que ocurrían.
Higuera dijo que miembros de esas tres corporaciones están bajoinvestigación, pero hasta ahora ninguno ha sidoprocesado.
También hay abierta una pesquisa interna en la PGR sobre laactuación de sus funcionarios y los tribunales deben todavíapronunciarse sobre las acusaciones de tortura.
Agregó que el FBI estadounidense colabora en cuestionestécnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de lascorporaciones de seguridad de la zona donde fueron secuestrados losjóvenes para determinar si pudieron ser manipulados.
||Con información de AP||
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