El Gobierno de México aceptó en lo general las recomendacionesde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DerechosHumanos a quien le garantizó que se contará con leyes generalessobre tortura y desaparición forzada. “México tiene elcompromiso firme de prevenir y sancionar la comisión de actos detortura y la desaparición forzada con miras a erradicar estosdelitos”.
Ante esta determinación, el señalado organismo multilateraldio la bienvenida a los compromisos de nuestro país, saludando“el constructivo diálogo en curso con el Gobierno mexicano” yratificó que trabajará de la mano de las autoridades nacionalespara que estas encomiendas beneficien a nuestra sociedad.
En un documento, signado por la Cancillería, Gobernación y laPGR, la administración de Enrique Peña Nieto se comprometeademás a garantizar la implementación de estándares de derechoshumanos a todos los niveles, mantener un trabajo estrecho con lasociedad en esta materia. Las recomendaciones de Naciones Unidas seaprecian, pues, “constructivas y en general sonatendibles”.
Reitera la utilidad de estas propuestas, muchas de las cuales,le hace ver, ya se incorporaron en programas y políticas, enespecial durante el último año. Además, se prosigue el trabajopara su instrumentación adecuada, le subraya a las NacionesUnidas.
Como se sabe, el Gobierno de México presentó ayer formalmenteante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, la respuesta escrita al conjunto derecomendaciones que hizo a México, resultado de su visita anuestro país en octubre del 2015.
En este encuentro en la sede de la ONU, en Nueva York, elGobierno mexicano reiteró su colaboración con la señaladaOficina, a fin de fortalecer la implementación de acciones ypolíticas dirigidas a asegurar el pleno respeto a los derechoshumanos no solo en México sino en los foros multilateralescompetentes.
“Las recomendaciones formuladas serán consideradas yatendidas como ya se contemplan otras recomendaciones de otrosmecanismos de derechos humanos formulados a México.
“Algunas de las recomendaciones dependen en gran medida de lasacciones de los poderes judicial o legislativo o bien de losEstados”, le acota el Gobierno de México.
Y precisa que el carácter federal de nuestro país, implica queel seguimiento corresponderá a otros actores más allá del PoderEjecutivo. Destaca que el diálogo continuo con la Oficina del AltoComisionado será de relevancia a fin de continuar trabajando poruna promoción y protección efectiva de los derechos humanos enMéxico.
En la respuesta de nuestro país también se puntualiza que enmarzo de este año, se recibió la comunicación del AltoComisionado con las recomendaciones finales resultantes de suvisita a México en octubre del 2015.
Se añade que el Estado Mexicano da puntual respuesta a cada unade las 14 recomendaciones y el seguimiento que se les podrá dar.Para ello, el diálogo continuo con la Oficina del Alto Comisionadoserá de relevancia a fin de seguir trabajando por una promoción yprotección efectiva de los derechos humanos en México.
RECOMENDACIONES Y RESPUESTAS
La primera recomendación del Alto Comisionado es establecer unConsejo Asesor de renombrados expertos en este campo y el combate ala impunidad para asesorar al Estado Mexicano sobre estrategias yreformas que impulsen las capacidades de investigación y sanciónpara revertir la tasa de impunidad imperante en el país.
La respuesta enfatiza que esta recomendación podría atendersemediante el establecimiento de un Órgano Nacional de DerechosHumanos que cuente con un grupo asesor de personalidades en lamateria y le informa al Alto Comisionado que el país ya cuenta coninstituciones autónomas que promueven y defienden estos derechos ytambién se abocan al combate a la impunidad.
En otra propuesta se pide fortalecer los esfuerzos para asegurarque todas las violaciones graves a los derechos humanos incluyendola tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadassean investigadas y sancionadas adecuadamente, por una oficinaespecializada de alto nivel en la Procuraduría General de laRepública.
La respuesta de la autoridad mexicana es clara: “se coincidecon esta recomendación y se reafirma el compromiso con la adecuadainvestigación de violaciones a los derechos humanos. Por ello, laPGR cuenta con una Subprocuraduría que a su vez tiene Fiscalías yUnidades Especializadas en la investigación de distintasviolaciones graves a los derechos humanos.
“Se cuenta también con una Unidad Especializada en laInvestigación del Delito de Tortura”.
En la recomendación sobre el Código de Justicia Militar, seprecisa: “Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y2014 para limitar la jurisdicción militar, se recomienda reformarel Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con lafinalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos deviolaciones a derechos humanos cometidas contra militares.
Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con sudeber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida porparte de elementos de las Fuerzas Armadas incluyendo laresponsabilidad de mando.
La respuesta del Gobierno precisa: “Se destaca que la reformade 2014 al Código de Justicia Militar se implementa y no esfactible considerar mayores modificaciones”.
No obstante, cabe señalar que a partir de la ReformaConstitucional en materia de derechos humanos en el 2011, lasautoridades civiles “cuentan con un marco jurídico suficiente yreforzado para conocer sobre casos de presuntas violaciones aderechos humanos cometidos por personal militar. Es decir,cualquier afectación a los derechos humanos cometidos en agraviode un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunalesordinarios, a través de un juicio de amparo, en concordancia conlo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americanade Derechos Humanos”.
La recomendación sobre “Seguridad Pública en línea con losderechos humanos y complementar los esfuerzos iniciados por elGobierno para promover un enfoque de seguridad con mayoresmedidas, para contar con políticas en la materia y que lasinstituciones que las ejecutan cumplan con los estándaresinternacionales de derechos humanos, así como garantizar unaefectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas pormiembros de las Fuerzas Armadas”.
Ante ello, “el Gobierno está de acuerdo con el fondo de estarecomendación”. Señala que se continuará con los trabajos afin de asegurar el enfoque de seguridad ciudadana en la SeguridadPública por medio de programas como el Nacional para laPrevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
A la recomendación de “adoptar una Ley Nacional sobre el Usode la Fuerza por parte de servidores públicos en concordancia conlos estándares internacionales y asegurar su efectivaimplementación”, se responde:
“Se analizará esta recomendación, consciente de la necesidadde sostener un debate al respecto y continuar las consultas con losdiversos actores involucrados. No obstante que no se cuenta con uninstrumento normativo único en la materia, es importante destacarque las instancias de seguridad pública cuentan ya conlineamientos que regulan el uso de la fuerza con estricto apego aestándares internacionales de derechos humanos”.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS FORENSES
Sobre la creación de una institución nacional forense que seaautónoma e independiente, con recursos suficientes, que pueda darservicio a todos los órganos de administración de justicia,incluyendo tribunales, autoridades de procuración de justicia yrepresentantes legales, México responde:
“Se considera una idea muy interesante. Ya se analiza. Seconsidera la creación de un Instituto de esa naturaleza”, einforma al Alto Comisionado que ya existe en el Senado unainiciativa al respecto con la intención de que tenga competenciafederal y local.
Sobre el registro de todas las detenciones, mediante laadopción de una Ley Nacional que establezca un listado unificadode todo tipo de detenciones y personas privadas de libertad,incluyendo medidas específicas de prevención para evitardetenciones arbitrarias, tortura y desapariciones, se responde:“se considera una idea muy interesante y se reafirma laintención de continuar mejorando los registros dedetención”.
Acerca de los pueblos indígenas y sus garantías y larecomendación de que sean consultados de manera adecuada, cuandose planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, Méxicoresponde que se coincide con esta recomendación y reitera que secontinuará trabajando en la implementación del Programa Especialde Pueblos Indígenas 2014-2018.
Respecto a las políticas públicas a favor de las mujeres,particularmente las destinadas a combatir la violencia, el Gobiernomexicano dice que “coincide con la importancia de larecomendación y en la necesidad de trabajar de manera integral afin de erradicar la violencia contra la mujer”.
