México.- El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez,informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)documentó, a través de sus investigaciones de campo, que seadvirtieron violaciones a los derechos de la población del estadode Michoacán, a la seguridad y la paz pública, a la vida,libertad, trato digno, seguridad e integridad personales, libertadsexual, propiedad y acceso a la justicia, así como a derechossociales, como la educación, por parte de autoridades federales yde grupos llamados de autodefensa.
“El Estado y sus instituciones no pueden ser omisos oindiferentes ante la presencia de esos grupos. El deber deproporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivenciasocial pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia ypreservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de lafuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado”,aseguró.
Para esta Comisión Nacional, dijo, si bien los movimientos deautodefensa evidenciaron el abandono a la población y ladesesperación de la sociedad, la CNDH considera que éstos no sonuna solución a los problemas de inseguridad que aquejan alpaís.
“Es el Estado quien debe proveer la seguridad, sobre todocuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que elEstado recobre las funciones que había abandonado”,reiteró.
Mediante su investigación, la CNDH percibió que en unprincipio el objetivo de los grupos de autodefensa era protege a lapoblación; sin embargo, con el paso del tiempo algunos grupospermitieron el ingreso de miembros de la delincuencia organizadaque aprovecharon la causa de la autodefensa para finesilícitos.
Por ello las autoridades ministeriales deben indagar el origende las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa, aligual que los señalamientos sobre su pertenencia a grupos de ladelincuencia organizada.
Esta Comisión Nacional reconoce que el movimiento de lasautodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a sudesarme, legalización y reintegración, pero hay pendientes enmaterias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamentela seguridad en la entidad.
Por ello, la CNDH formuló 55 propuestas dirigidas a laProcuraduría General de la República (PGR), a la ComisiónNacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso dela entidad, a los ayuntamientos de Michoacán, y a la ComisiónEjecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ya estándebidamente notificados.
De las cuales, indicó el ombudsman nacional, 16 estánrelacionadas con la procuración de justicia, 16 con la seguridadpública, 4 con educación, 11 con programas sociales y culturales,además de 8 con atención a víctimas y reparación del daño.
A la PGR se le formularon 7 propuestas, 5 a la ComisiónNacional de Seguridad, 24 al Gobierno del Estado, 4 al Congresoestatal, 12 a los Ayuntamientos y 3 a la CEAV.
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