/ sábado 2 de abril de 2016

El acceso a los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia, a partir del 18 de junio: Fromow

Gabriel Xantomila / El Sol de México

Ciudad de México.- El financiamiento de Iniciativa Mérida que se destinó en 2014 y 2015 para el Nuevo Sistema de Justicia Penal asciende a 2 mil 200 millones de pesos; mientras que en los años 2013 y 2014 se aprobaron alrededor de 400 millones de pesos, solamente para equipamiento y tecnologías de la información; y para 2015 y 2016 el presupuesto para dichos proyectos fue de mil 500 millones de pesos, afirmó en Durango la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel.

Dijo que la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado en la materia permitirán que el 18 de junio de este año los mexicanos tengan acceso a los beneficios que brinda el Nuevo Sistema de Justicia.

Al inaugurar la sala de juicio oral número 100, equipada con recursos provenientes de Iniciativa Mérida, Fromow Rangel señaló que el apoyo internacional ha sido fundamental para lograr la implementación del nuevo modelo de justicia en nuestro país; como ha sido en casos de asistencia técnica y recursos tecnológicos.

En el evento, la titular de la SETEC explicó que Estados Unidos apoya a México a través de Iniciativa Mérida para desarrollar proyectos de apoyo en especie, a fin de equipar salas de oralidad y laboratorios periciales, así como capacitar a operadores del sistema de justicia penal.

Por su parte, el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, México), Steven H. Kraft, indicó que la colaboración con la SETEC redundará en un sistema de justicia que beneficiara a los mexicanos.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa el cambio jurídico más importante de los últimos cien años en México. Por ello, requiere un esfuerzo coordinado de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, así como apoyo internacional y participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y académicos para garantizar a toda persona el acceso a una justicia transparente a la altura de los estándares internacionales.

Gabriel Xantomila / El Sol de México

Ciudad de México.- El financiamiento de Iniciativa Mérida que se destinó en 2014 y 2015 para el Nuevo Sistema de Justicia Penal asciende a 2 mil 200 millones de pesos; mientras que en los años 2013 y 2014 se aprobaron alrededor de 400 millones de pesos, solamente para equipamiento y tecnologías de la información; y para 2015 y 2016 el presupuesto para dichos proyectos fue de mil 500 millones de pesos, afirmó en Durango la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel.

Dijo que la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado en la materia permitirán que el 18 de junio de este año los mexicanos tengan acceso a los beneficios que brinda el Nuevo Sistema de Justicia.

Al inaugurar la sala de juicio oral número 100, equipada con recursos provenientes de Iniciativa Mérida, Fromow Rangel señaló que el apoyo internacional ha sido fundamental para lograr la implementación del nuevo modelo de justicia en nuestro país; como ha sido en casos de asistencia técnica y recursos tecnológicos.

En el evento, la titular de la SETEC explicó que Estados Unidos apoya a México a través de Iniciativa Mérida para desarrollar proyectos de apoyo en especie, a fin de equipar salas de oralidad y laboratorios periciales, así como capacitar a operadores del sistema de justicia penal.

Por su parte, el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, México), Steven H. Kraft, indicó que la colaboración con la SETEC redundará en un sistema de justicia que beneficiara a los mexicanos.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa el cambio jurídico más importante de los últimos cien años en México. Por ello, requiere un esfuerzo coordinado de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, así como apoyo internacional y participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y académicos para garantizar a toda persona el acceso a una justicia transparente a la altura de los estándares internacionales.