Ciudad de México.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo estar“profundamente preocupado que a casi dos años de la comisión degraves violaciones de derechos en Tlatlaya, estado de México, queincluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadasextrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a lasvíctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y laverdad”.
El organismo internacional, recordó que en junio de2014 en una bodega en Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de lavida, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadasextrajudicialmente.
Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso pero,en octubre de 2015, un juez desestimó los cargos contra cuatro deellos y la semana pasada, una corte puso en libertad a los otrostres, al considerar que no había evidencia suficiente contraellos.
Durante su visita a México, en octubre del año pasado,
Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería observadomuy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades enla lucha contra la impunidad, luego de que la reforma al CódigoMilitar ubicara a los militares bajo la jurisdicción de lostribunales civiles en casos de crímenes cometidos contraciviles.
“Respetamos por completo la independencia del poder judicial ytomamos nota de la declaración hecha por la Procuraduría Generalde la República en cuanto a que continuará acercando evidencia afin de evitar que los delitos cometidos […] en Tlatlaya […]queden impunes”.
Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que asegurenuna investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente yrápida en este emblemático caso, refirió en un comunicado.
“También instamos a las autoridades de procuración yadministración de justicia a actuar con base en los más altosestándares y normas de derechos humanos en las investigaciones yjuicios”.
Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todosaquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandosmilitares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, asícomo a aquellos que habrían alterado la escena del crimen ohubieran ordenado dicha alteración.
También deben ser rigurosamente investigadas otraspresuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el casoTlatlaya, incluyendo la detención arbitraria y la tortura detestigos.
Dada la importancia de la evidencia forense en este caso,apelamos a las autoridades para implementar urgentemente larecomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre pasado deestablecer una institución forense nacional y autónomaadecuadamente financiada.
Esto sin duda reforzaría las investigaciones en este y otroscasos. Nuestra Oficina refrenda su compromiso para asistir a lasautoridades pertinentes así como para apoyar y acompañar a lasvíctimas y a sus representantes.
/RPE
