La Cámara de Diputados perfila un recorte de 27 mil millones de pesos al presupuesto de 2024 de los organismos autónomos, incluidos el Poder Legislativo y Judicial, para destinarlos a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, que fue azotado por el huracán Otis el 25 de octubre.
Así lo reveló Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en una conferencia de prensa previa al arranque de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que será el viernes 3 de noviembre.
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“En la revisión del presupuesto creo que podemos, conforme a las diferencias nominales que tienen las diferentes instituciones, entes constitucionalmente autónomos, el propio Poder Legislativo y las comisiones, hacer ajustes que puedan andar alrededor, solamente nominalmente, en una primera aproximación de más o menos 27 mil millones de pesos”, dijo.
El diputado Erasmo Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, indicó que los órganos autónomos que podrían ser objeto de recorte son el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que para 2024 solicitan un presupuesto de 163 mil millones de pesos.
El diputado Robledo rechazó que vayan a recortar el presupuesto de proyectos insignia del presidente López Obrador como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o de los programas sociales para juntar los 61 mil 313 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó se destinarán a la reconstrucción de Guerrero y la atención de las personas damnificadas.
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Además de los 27 mil millones de pesos de pesos recortados a instituciones, otra fuente de financiamiento de la reconstrucción de Guerrero que se perfila son los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial extinguidos por el Congreso, pues ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aceptó abrir un canal de diálogo institucional con el primer mandatario para analizar su propuesta de reorientar los recursos a la atención de los estragos provocados por Otis.
