/ jueves 10 de octubre de 2019

Castigarán con 10 años a quien lucre electoralmente con ayuda humanitaria

También serán castigados los servidores que se apoderen de cualquier bien destinado a ayudar damnificados

La Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal en materia de Delitos Electorales para tipificar las conductas consistentes en robo, desvío o condicionamiento de entrega de ayuda humanitaria durante desastres naturales

Dicha iniciativa propuesta por la diputada Margarita García del PT, fue aprobada por unanimidad del Pleno por 394 a favor y estipula que se restringirá "a los servidores públicos que ante un desastre natural usen la ayuda humanitaria con fines electorales".

Con esto se castigaría a los servidores públicos que aprovechen la ayuda humanitaria para hacer promoción o propaganda de un gobierno, de sí mismos o de otro servidor público en funciones.

La legisladora García señaló que la pena a la que se harán acreedores los funcionarios públicos que lucren con ayuda humanitaria para obtener beneficio político para ellos, su partido o algún otro funcionario será de 5 a 10 años de cárcel y una multa de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización, a quien, sin derecho o contribución alguna, se apodere de cualquier bien destinado a ayuda humanitaria.

También serán castigados los servidores públicos que se apoderen de cualquier bien destinado a ayudar damnificados de un desastre natural.

Finalmente, la reforma tipifica el delito de extorsión como el condicionamiento o entrega de bienes destinados al apoyo de damnificados, así como la solicitud de una contraprestación a cambio de dicha entrega.

La reforma pasó al Senado de la República para ser revisada y en su caso aprobada.

La Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal en materia de Delitos Electorales para tipificar las conductas consistentes en robo, desvío o condicionamiento de entrega de ayuda humanitaria durante desastres naturales

Dicha iniciativa propuesta por la diputada Margarita García del PT, fue aprobada por unanimidad del Pleno por 394 a favor y estipula que se restringirá "a los servidores públicos que ante un desastre natural usen la ayuda humanitaria con fines electorales".

Con esto se castigaría a los servidores públicos que aprovechen la ayuda humanitaria para hacer promoción o propaganda de un gobierno, de sí mismos o de otro servidor público en funciones.

La legisladora García señaló que la pena a la que se harán acreedores los funcionarios públicos que lucren con ayuda humanitaria para obtener beneficio político para ellos, su partido o algún otro funcionario será de 5 a 10 años de cárcel y una multa de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización, a quien, sin derecho o contribución alguna, se apodere de cualquier bien destinado a ayuda humanitaria.

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