/ lunes 9 de septiembre de 2019

De 2016 a la fecha, detenidas más de 3 mil mujeres por narcotráfico

Organizaciones de la sociedad civil piden al Congreso de la Unión, la discusión y aprobación de una Ley de Amnistía que incluya beneficios para este sector

De de 2016 a junio de este año fueron detenidas tres mil 018 mujeres por narcotráfico, informó Equis Justicia para las Mujeres, organización no gubernamental que colabora con instancias como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en proyectos de justicia abierta para las mujeres.

Equis justicia para Mujeres se define como una organización feminista que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, y tiene lazos con instituciones de todo el continente.

Ana Pecova, directora de esta organización, explicó que las mujeres han sufrido un impacto brutal de la llamada guerra contra el Narcotráfico, puesto que muchas de quienes están encarceladas más que delincuentes son víctimas.

Por tal motivo, buscan que el Congreso de la Unión abra la discusión y legisle una Ley de Amnistía donde se libere a quienes se relacionaron con el crimen organizado por razones de pobreza o porque fueron obligadas.

“Dado el contexto de la posibilidad de una Ley de Amnistía donde el Presidente ha dicho que esta guerra se ha acabado, sentimos que es el momento ideal para relanzarla”, indicó Pecova.

Por eso, junto a Wola y otras organizaciones, prepara la campaña “Liberarlas es Justicia”, la cual incluirá una petición en el sitio Change.org con la que se busca visibilizar los casos de encarcelamientos vinculados con narcotráfico, posesión o cultivo, pero todas son víctimas de una política punitiva y de persecución.

Pecova recalcó que el país lleva mucho tiempo en una narrativa de búsqueda de grandes capos, pero en lugar de detenerlos se encarcela a quienes están en contextos de pobreza. En muchos casos se trata de madres, lo cual es un factor que influye en que recurran a estos delitos en busca de ingresos para su familia.

Advirtió que en nuestro país, el Artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva es obligatoria y automática para faltas que la ley define como delitos graves contra la salud, lo cual incluye los delitos relacionados con drogas. Esto es, “el juez, sin analizar las circunstancias del caso, automáticamente impone la prisión preventiva para ciertos delitos”.

Equis Justicia para las Mujeres señala que hay 14 estados en los cuales más de 50 por ciento de la población carcelaria de mujeres no ha recibido sentencia. Según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en Michoacán, 100 por ciento de las mujeres recluidas estaban en situación de prisión preventiva, lo que significa que todas ellas se encuentran tras las rejas sin haber sido sentenciadas.

Mientras que en Baja California Sur, Aguascalientes y Durango, 78 por ciento de las mujeres recluidas aún no han sido juzgadas.

PANORAMA INTERNACIONAL

De acuerdo al recién estudio “Prisión preventiva en América Latina: el impacto desproporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas”, elaborado por Wola y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés), se encontró que en la mayoría de América Latina una proporción mayor de mujeres que de hombres esperan juicio tras las rejas.

Hasta el corte del 30 de junio, del millón 963 mil 762 hombres y mujeres que permanecen en las cárceles del país, 76 mil 832 no han recibido sentencia condenatoria esto de acuerdo al primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se señala que de esta cifra, 13 mil 148 procesados están acusados de delitos federales y 63 mil 684 por delitos del fuero común.

Según la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, 27.4 por ciento de las mujeres esperaban entre uno y dos años para ser sentenciadas, mientras que sólo 24.7 por ciento de los hombres esperan un plazo tan largo.

En años recientes, algunos países han realizado reformas legislativas, administrativas y judiciales destinadas a reducir el uso de la prisión preventiva. Según la CIDH, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y Perú han asegurado el acceso no discriminatorio a servicios de salud y atención y servicios sociales en el marco de programas de prevención, atención primaria y tratamiento, incluidos los que se ofrecen a las personas encarceladas o en prisión preventiva

Señala que para reducir las tasas de prisión preventiva pueden emprenderse importantes reformas legislativas, como establecer procedimientos para acelerar el procesamiento de casos penales; imponer mayores requisitos para determinar si la prisión preventiva es necesaria y justificada; y reducir el tiempo que una persona puede estar en situación de prisión preventiva.

Mientras que en Colombia y México, la duración máxima de la prisión preventiva es de un año en estos casos, tras permanecer en prisión preventiva durante un año, la persona debe ser liberada inmediatamente mientras el caso continúa ventilándose.

El informe de gobierno del presiente Andrés Manuel López Obrador reporta que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) se reportaron dos mil 255 incidentes en centros penitenciarios, alcanzando un total de seis mil 792 registros desde su puesta en operación en diciembre de 2016.

De de 2016 a junio de este año fueron detenidas tres mil 018 mujeres por narcotráfico, informó Equis Justicia para las Mujeres, organización no gubernamental que colabora con instancias como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en proyectos de justicia abierta para las mujeres.

Equis justicia para Mujeres se define como una organización feminista que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, y tiene lazos con instituciones de todo el continente.

Ana Pecova, directora de esta organización, explicó que las mujeres han sufrido un impacto brutal de la llamada guerra contra el Narcotráfico, puesto que muchas de quienes están encarceladas más que delincuentes son víctimas.

Por tal motivo, buscan que el Congreso de la Unión abra la discusión y legisle una Ley de Amnistía donde se libere a quienes se relacionaron con el crimen organizado por razones de pobreza o porque fueron obligadas.

“Dado el contexto de la posibilidad de una Ley de Amnistía donde el Presidente ha dicho que esta guerra se ha acabado, sentimos que es el momento ideal para relanzarla”, indicó Pecova.

Por eso, junto a Wola y otras organizaciones, prepara la campaña “Liberarlas es Justicia”, la cual incluirá una petición en el sitio Change.org con la que se busca visibilizar los casos de encarcelamientos vinculados con narcotráfico, posesión o cultivo, pero todas son víctimas de una política punitiva y de persecución.

Pecova recalcó que el país lleva mucho tiempo en una narrativa de búsqueda de grandes capos, pero en lugar de detenerlos se encarcela a quienes están en contextos de pobreza. En muchos casos se trata de madres, lo cual es un factor que influye en que recurran a estos delitos en busca de ingresos para su familia.

Advirtió que en nuestro país, el Artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva es obligatoria y automática para faltas que la ley define como delitos graves contra la salud, lo cual incluye los delitos relacionados con drogas. Esto es, “el juez, sin analizar las circunstancias del caso, automáticamente impone la prisión preventiva para ciertos delitos”.

Equis Justicia para las Mujeres señala que hay 14 estados en los cuales más de 50 por ciento de la población carcelaria de mujeres no ha recibido sentencia. Según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en Michoacán, 100 por ciento de las mujeres recluidas estaban en situación de prisión preventiva, lo que significa que todas ellas se encuentran tras las rejas sin haber sido sentenciadas.

Mientras que en Baja California Sur, Aguascalientes y Durango, 78 por ciento de las mujeres recluidas aún no han sido juzgadas.

PANORAMA INTERNACIONAL

De acuerdo al recién estudio “Prisión preventiva en América Latina: el impacto desproporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas”, elaborado por Wola y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés), se encontró que en la mayoría de América Latina una proporción mayor de mujeres que de hombres esperan juicio tras las rejas.

Hasta el corte del 30 de junio, del millón 963 mil 762 hombres y mujeres que permanecen en las cárceles del país, 76 mil 832 no han recibido sentencia condenatoria esto de acuerdo al primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se señala que de esta cifra, 13 mil 148 procesados están acusados de delitos federales y 63 mil 684 por delitos del fuero común.

Según la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, 27.4 por ciento de las mujeres esperaban entre uno y dos años para ser sentenciadas, mientras que sólo 24.7 por ciento de los hombres esperan un plazo tan largo.

En años recientes, algunos países han realizado reformas legislativas, administrativas y judiciales destinadas a reducir el uso de la prisión preventiva. Según la CIDH, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y Perú han asegurado el acceso no discriminatorio a servicios de salud y atención y servicios sociales en el marco de programas de prevención, atención primaria y tratamiento, incluidos los que se ofrecen a las personas encarceladas o en prisión preventiva

Señala que para reducir las tasas de prisión preventiva pueden emprenderse importantes reformas legislativas, como establecer procedimientos para acelerar el procesamiento de casos penales; imponer mayores requisitos para determinar si la prisión preventiva es necesaria y justificada; y reducir el tiempo que una persona puede estar en situación de prisión preventiva.

Mientras que en Colombia y México, la duración máxima de la prisión preventiva es de un año en estos casos, tras permanecer en prisión preventiva durante un año, la persona debe ser liberada inmediatamente mientras el caso continúa ventilándose.

El informe de gobierno del presiente Andrés Manuel López Obrador reporta que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) se reportaron dos mil 255 incidentes en centros penitenciarios, alcanzando un total de seis mil 792 registros desde su puesta en operación en diciembre de 2016.

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