El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, que propone otorgarle la facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) para que solicite información bancaria sin previa orden judicial.
Al avalar el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, como propone su proyecto de sentencia, se abriría la puerta para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se vea obligada a otorgar dicha información si es que una autoridad federal lo exigiese.
El controversial tema, será discutido a partir del próximo martes por los 11 ministros de la Corte, luego de que la Primera Sala de la Corte ha emitido fallos en sentido contrario, criterio que, a decir de la FGR, complica los juicios en casos como los de los exgobernadores Javier Duarte, Roberto Borge o el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
En estos y otros casos, el Ministerio Público Federal ha señalado que la indefinición jurídica sobre este tema mantiene en vilo diversos juicios que involucran recursos por hasta 50 mil millones de pesos.
El proyecto público del ministro Eduardo Medina Mora asegura que no desconoce que el derecho a la privacidad es de suma importancia; sin embargo, el mismo debe ceder cuando se trata del requerimiento de información por una autoridad federal, con la finalidad de proteger otros bienes de alta importancia constitucional, como es el combate a la defraudación fiscal, el lavado de dinero, terrorismo o delincuencia organizada.
Recalca que el Ministerio Público se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de los datos solicitados a la CNBV, ya que, si se utiliza ilícitamente, se fincaría una responsabilidad penal y administrativa en contra del funcionario que la proporcione.
En su proyecto, el ministro, quien durante su paso por la Procuraduría General de la República defendió el derecho del ministerio público de pedir información bancaria sin orden judicial, refiere que cuanto al secreto bancario, impone a la institución de crédito el deber de resguardar la información de los usuarios, y es un medio que permite a la misma oponerse a la entrega de información bancaria del cliente.
Hace referencia al nuevo sistema de justicia penal que continúa la fase de investigación no judicializada “y, en esa medida, la autoridad ministerial debe tener las facultades que requiera para llevar a cabo sus atribuciones en la proporción que sean necesarias para lograr el objetivo que pretende, que es la investigación de delitos.
Por tanto, “en esta fase de investigación y conforme a las facultades constitucionales del Ministerio Público, le es dable solicitar, sobre todo en delitos financieros como lavado de dinero y fiscales, la información que le permita establecer una línea de investigación”.
Es de recordar que este tema ya fue abordado con anticipación el 27 de noviembre de 2018, cuando el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz propuso declarar inconstitucional dicho precepto y otorgar un amparo a Pedro Guillén Mariscal, quien en 2012 no declaró ingresos por 1.4 millones de pesos. Sin embargo, por mayoría de seis votos, se desechó la propuesta de Cossío y el caso se turnó a Medina Mora.
