La Fiscalía General de la República (FGR) está en posibilidad de imputarle cargos al exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, colaborador cercano de Rosario N, y presuntamente involucrado en la llamada Estafa Maestra.
En noviembre pasado un juez federal concedió a Tiburcio, quien se encuentra en libertad, una suspensión definitiva contra la orden de comparecencia en la que la FGR, le formularía imputación por el probable delito de falsedad de declaraciones, en el asunto relacionado con un desvío de 185 millones de pesos en el caso conocido como la Estafa Maestra.
Este miércoles, el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal revocó la suspensión definitiva que le concedió la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, con la que se frenó la audiencia inicial, la cual se realizaría el 18 de noviembre de 2020.
En su resolución los magistrados puntualizaron que: “la citación reclamada en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público”.
Dicha petición, afirmaron los magistrados, es para el hecho de formalizar la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar.
El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal recalcó que es improcedente otorgar la suspensión, ya que los actos de autoridad son de interés público, como parte de la función indagatoria y dado el interés social que subyace en ello.
Consideraron que la juez Robledo Magaña actuó de forma incorrecta al conceder la medida cautelar, ya que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, lo cual no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las indagatorias.
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En la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público le confirmará que existen pruebas para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en 2016, causó un posible quebranto a la hacienda pública por 185 millones 839 mil 480 pesos.
Es decir, se le atribuye haber contratado ilegalmente servicios estadísticos que no fueron cumplidos, en perjuicio de la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.
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