La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber violado los derechos humanos de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados del presunto desvío de más de 244 millones de pesos.
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De acuerdo con la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, esto es debido a que la Fiscalía "no ha hecho públicos datos propios de la indagatoria ministerial respectiva, así como de las personas posiblemente inculpadas", por lo que indicó que acepta la comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero no así su contenido.
El día de ayer la CNDH solicitó a la FGR abstenerse de exponer al público las acusaciones que sólo deban conocer las autoridades ministeriales y el nombre de personas a quienes no se les impute ningún delito, esto derivado de un escrito de queja que recibió "por parte de un grupo de personas, pertenecientes a la comunidad científica", en la que expusieron violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la FGR y el Conacyt.
"A todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio; y, en ningún momento, se les ha expuesto a los medios de comunicación; y ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes", respondió la FGR mediante un comunicado.
Además, aseguró que el Ministerio Público "ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene, aunque refirió que según la Ley Federal de Transparencia “no existe reserva alguna en la información sobre posibles hechos de corrupción".
Por lo anterior, pidió tomar en cuenta que los agentes del Ministerio Público, "sus auxiliares, peritos y personal de apoyo, como personas que están cumpliendo con sus funciones, son merecedores de las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos, que están amparados por el orden jurídico mexicano".
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Este intercambio de posicionamientos ocurre luego de que 6 de los 31 científicos han sido citados por la FGR para comparecer por el presunto desvío de recurso públicos, destinados originalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo, luego de que en dos ocasiones un juez federal negó girar órdenes de aprehensión en contra de los académicos al considerar que esta carecen de sustento y validez.
Con información de Sarahi Uribe
