Un juez federal desechó una prueba de inspección judicial con la que la asociación civil Defendiendo al Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. pretendía demostrar que el Gobierno Federal continuó con las obras del tramo 5 del Tren Maya pese a una suspensión otorgada.
La decisión de desechar dicha prueba pericial fue del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, que consideró que dicha prueba “fue ofrecida de manera ambigua e imprecisa, aunado a que se estima que, en los términos ofrecidos, no es la prueba idónea para demostrar todos los puntos que requiere se inspeccionen”.
De acuerdo con el juzgado, al ofrecer la prueba Antonella Vázquez Cavedon, representante legal de la organización, mencionó que la misma debía realizarse en el Municipio de Puerto Morelos, pues las obras eran “apreciables desde el kilómetro cinco de la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes".
Por ello, solicitó una prueba para que se inspeccionara si se estaban llevando a cabo obras en ese momento, o si podía verse que se han realizado obras relacionadas con el proyecto del Tren Maya.
No obstante, el juzgado federal determinó que dicha prueba no fue ofrecida de manera clara, pues la organización no señaló la finalidad de la misma. “Esto es, cuál es el hecho o hechos que pretende acreditar con esa inspección y que relación tendría tal hecho o hechos con la violación a la suspensión que alega”.
“Asimismo, se considera que la prueba señalada no es idónea, debido a que la persona que en su caso la realizara en los términos pedidos, no podría determinar de forma fidedigna con solo los sentidos, si se están llevando a cabo obras en ese momento”,
Lo anterior, agregó, ya que para ello “se requiere de no solo de lo que el fedatario pueda observar y escuchar, sino que es necesaria mayor información por parte de las autoridades o personas que están realizando esas obras”.
Por todo lo anterior concluyó que no procede admitir dicha prueba, aunque sí estableció que sigue en pie la audiencia constitucional en la que resolverá si el Gobierno Federal violó o no la suspensión definitiva otorgada a la asociación civil previamente, misma que está programada para el próximo 5 de agosto.
Desde abril la asociación civil promovió un juicio de amparo en contra de “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del Tren Maya”, recursos con el que lograron frenar de manera momentánea las obras gracias a una suspensión.
No obstante, todo cambió a partir del 18 de julio, cuando el Gobierno Federal declaró al Tren Maya como “obra de seguridad nacional”, con lo que se aseguraron de que el proyecto no pudiera ser frenado por ningún recurso legal emitido en su contra y con la que pudieron reiniciar la construcción.
