La Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, al considerar que no existen elementos para su proceso por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, que había denunciado el activista Jaime García Chávez desde la consolidación del cambio de Unión Progreso a Banco Progreso.
La agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, María Elena Velasco Ramírez, notificó mediante el oficio PGR-UEAF/DG/582/2018 a García Chávez, el acuerdo del 5 de enero de este año, en el que se determina no proceder penalmente contra los denunciados, por los delitos de competencia federal.
El acuerdo se basa en la no existencia de elementos para procesar a los señalados por el denunciante, Duarte Jáquez y Herrera Corral, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se prevé y sanciona en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; como tampoco por el delito bancario contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito y el de defraudación fiscal, contemplado en el Código Fiscal de la Federación.
En el oficio enviado a García Chávez, se le notifica que cuenta con 15 días hábiles para manifestar alguna inconformidad por la determinación emitida por el MPF.
La denuncia de García Chávez data del mes de noviembre de 2014, cuando acusó a los señalados de haber utilizado recursos del gobierno estatal para la conformación del Banco Progreso, actualmente unión de crédito, por supuestas inversiones de Duarte en la institución, de acuerdo a la averiguación previa AP-PGR-UEAF/001/2014-09, no fueron irregulares ni constituyeron alguno de los delitos federales denunciados.
Hasta mediados del año pasado, pese a diligencias realizadas por las unidades de investigación de la PGR, no se había determinado el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, razón por la cual García Chávez recurrió al juicio de amparo para obligar al Ministerio Público a pronunciarse al respecto.
Actualmente el juicio de amparo se mantiene vigente, pero es relacionado a esta resolución que el mismo activista hizo pública ayer en su cuenta de Facebook.
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