El juez federal con residencia en el penal del Altiplano, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, ha llevado casos de delincuencia organizada y hackeo. Él fue el responsable de liberar la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas.
Fue el responsable de dictar auto de formal prisión a Rosalinda N, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el delito de lavado de dinero.
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En diciembre pasado junto con otros ocho jueces más, Zeferín Hernández fue ratificado como juez de Distrito en el penal del Altiplano, pero también se desempeñó como secretario en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, y como Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán.
El 2 de junio de 2018, luego de 13 horas de audiencia, vinculó a proceso penal a Rosalinda N, esposa del Mencho, por el delito de lavado de dinero, pero tres meses después salió libre tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos.
De igual forma en abril de 2018, el juez Hernández vinculó a proceso a Leticia N, alias “Doña Lety”, su hijo José Rafael N, alias El Dober y los policías federales Fernando N y Rafael N, por el delito de delincuencia organizada.
Doña Lety es señalada como líder de un grupo delictivo dedicado al comercio de narcóticos en Cancún, Playa del Carmen y Alfredo V. Bonfil, presuntamente controlaba a los vendedores de droga en esas zonas.
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En 2017 cuando se desempeñaba como Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Yucatán, con sede en Mérida, ordenó la detención provisional de Roberto N, La Gallina, señalado como supuesto operador de Joaquín El Chapo Guzmán, por representar un riesgo mayúsculo para la comunidad.
El juez consideró que era suficiente con que Roberto N, se presentara de manera periódica y exhibiera una garantía económica, así como prohibirle salir de Yucatán y del país en la causa penal 4/2017 que se le sigue por dicho delito.
En mayo de 2019, el juez también se ocupó del caso del grupo de hackers Bandidos Revolutions Team, liderado por Héctor N, alias el H-1, que obtenía entre 50 y 100 millones de pesos mensuales, extrayendo dinero de bancos, casas de cambio y una aseguradora.
Aunque la FGR buscaba que fueran procesados por el delito de delincuencia organizada, el juez vinculó a proceso a Héctor por lavado de dinero, delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.
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Mientras que a su pareja la procesó por los mismos ilícitos, otros dos por posesión de cartuchos y delitos contra la salud, dos más por delitos contra la salud, y dos únicamente por lavado.
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