La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un plazo de cuatro años y seis meses a la empresa Servicios Integrales Carregin, implicada en la compra-venta de 7.8 toneladas de azúcar que derivó en el desvío de recursos millonarios en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), para que no pueda celebrar convenios con empresas públicas o gobiernos de cualquier nivel.
De acuerdo con una circular emitida este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP señaló que por las irregularidades encontradas en el convenio firmado con Diconsa se multó a la empresa con el pago de dos millones 419 mil 500 pesos, ello a pesar de que el desfalco identificado en este contrato fue de 142 millones 440 mil 883 pesos.
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“La Secretaría de la Función Pública difundió hoy en el Diario Oficial de la Federación la sanción de inhabilitación por 4 años y medio para participar en contrataciones públicas y la multa de 2 millones 419 mil 500 pesos impuestas al proveedor Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. por incumplir con un convenio relacionado con la adquisición de azúcar para Diconsa en 2020.
"Tales conductas constituyen violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que fueron el motivo de la sanción", detalló la dependencia en un comunicado a parte.
La sanción y la multa entrarán en vigor a partir de este sábado, sin embargo, los l pago de dos millones 419 mil 500 pesos, a la publicación de la circular en el DOF no serán se verán impactados, por lo que pueden continuar con su curso con base a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual establece que sea así.
En esta contratación también están implicadas 22 personas, entre servidores públicos, empresarios y civiles probablemente beneficiados por el aparente desvío, de quienes la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió órdenes de aprehensión.
Hasta junio de este año se conocía que la Fiscalía General de la República ya había logrado la vinculación a proceso de al menos 11 de ellos, principalmente por peculado y delincuencia organizada.
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También se dejó en libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, pues el juez de la causa consideró que no existían suficientes pruebas en su contra.
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