- El Gobierno federal reconoció como legítimos propietarios a235 ejidatarios
El Gobierno federal reconoció como legítimos propietarios a235 ejidatarios de Los Tlateles en Chimalhuacán, Estado deMéxico, sobre 600 hectáreas de un polígono de 945 en donde seconstruirán obras alternas del Nuevo Aeropuerto Internacional dela Ciudad de México (NAICM). Para definir los montos de los pagos,los dueños de los terrenos están a la espera de que se instale lamesa de negociación coordinada por el subsecretario deGobernación, René Juárez Cisneros.
En la mesa, en la cual participarán los subsecretarios deSedatu, Gustavo Cárdenas y Enrique González Tiburcio estarántambién los dirigentes del Frente Auténtico del Campo, ÁlvaroLópez Ríos (UNTA), Federico Ovalle (CIOAC), Marco Antonio OrtizSalas (CODUC) y Francisco Yasser Chew Plascencia.
Los dirigentes de las cuatro organizaciones que integran elFrente Auténtico del Campo: Álvaro López Ríos, Federico Ovalle,Marco Antonio Ortiz y Francisco Chew, emplazaron a la Secretaríade Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a lossubsecretarios Gustavo Cárdenas y Enrique González Tiburcio, acumplir el compromiso contraído hace 20 días de instalar la mesaen la cual se determinarán los pagos a los propietarios. Lapropuesta del FAC es partir de los avalúos hechos por la PGR queestiman entre $1,500 y $3,200 el metro cuadrado de losterrenos.
Tomás Cruz, asesor jurídico de los propietarios de LosTlateles reconoció la disposición del Gobierno Federal dereconocer sus derechos e indemnizarlos por la desincorporación delos terrenos que hizo, desde inicios de 2015, para construir en ellugar obras hidráulicas de mitigación que eviten inundaciones enel Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Dijo que a la fecha, y después de interponer varios amparosreclamando la propiedad de 600 hectáreas, cuentan con 235expedientes en los que se acredita su derecho a serindemnizados.
En la mesa de negociación con los subsecretarios de Sedatu yGobernación, el FAC apoyará el reclamo de los propietarios paraque les regresen los documentos que les confiscaron cuandoaceptaron los apoyos de entre $8 y $60 el metro cuadrado que lesofrecieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación para quefirmaran convenios de “no ocupar o desocupar” a cambio degratificaciones por “cuidar los terrenos del Gobierno”.
