En medio de un desaseo legislativo y del rechazo de la oposición el Senado de la República avaló expedir la Ley de Austeridad Republicana, que obliga a los tres órdenes de gobierno y a los organismos autónomos a reducir su gasto para el “desarrollo productivo en beneficio de los que menos tienen”.
Con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones, las promesas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador se embarcaron en la obligatoriedad de la ley, tras su aprobación en lo general.
Con estas nuevas disposiciones también se condiciona que funcionarios que se separen de la administración pública, se abstengan de ocupar cargos de empresas privadas supervisadas en su gestión, en tanto no transcurran cinco años.
El proyecto prohíbe la pensión a expresidentes, una de las promesas clave de López Obrador en sus tres postulaciones.
Elimina la protección del secreto o reserva de fiduciarios de los fideicomisos para mejorar su fiscalización.
Castiga el tráfico de influencias tanto nacionales como en extranjero, por tanto nadie puede asociarse con inversionistas, contratistas; bloquea el nepotismo hasta el cuarto grado de parentesco; se prohíben plazas con nivel de dirección general adjunta; se reduce la publicidad y la propaganda y queda prohibido contratar seguros de ahorro con recursos del Estado.
La futura ley establece la cancelación automática de los contratos con particulares cuando se compruebe vía judicial que fueron obtenidos a través de prácticas irregulares o corrupción.
Es de recordar que durante la negociación participó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval quien acudió a una reunión con el grupo mayoritario para que estos, en un acto de lealtad al presidente, aprobarán el proyecto, sin cambios, que les fue firmado de la Cámara de Diputados.
Es de recordar, que por esta acción legislativa, las bancadas de oposición, PAN y PRI abandonaron abruptamente su dictaminación pues denunciaron un cochinero en el proceso legislativo, así como una injerencia del gobierno federal para sacar esta promesa de campaña a costa de los consensos alcanzados entre las comisiones dictaminadoras y las ocho fracciones parlamentarias y faltar el respeto a la división de poderes.
Grupos parlamentarios como MC y el PAN, advirtieron que esta ley cuenta con al menos 11 inconstitucionalidades, por lo que no desestimaron que pronto generen acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos amparos en contra de esta nueva disposición.
Como informó El Sol de México el dictamen destaca que todos los ahorros generados serán destinados a proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que “por decreto se determine’’.
Para ello se adiciona un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A su entrada en vigor cada ente público deberá emitir un código de conducta para sus trabajadores en concordancia con esta ley y cada servidor público deberá protestar cumplirlo.
En caso de encontrar violaciones a dichas medidas deberá iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También exige a los servidores separarse de activos e intereses económicos que influyan sus responsabilidades directamente y que puedan constituir un conflicto de intereses, lo cual deberá ser comprobado con instrumentos legales que incluyan una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado de este.
Igualmente, los limita a realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.
Dentro de las nuevas disposiciones alcanzadas se establece que son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, por lo que queda prohibida la creación de fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos, salvo los previstos en leyes federales o tratados internacionales, en el área de salud, educación; procuración de Justicia; seguridad social, y seguridad pública.
El artículo séptimo de la Ley de Austeridad contempla que todos los recursos y activos que ingresen de la Administración Pública Federal que se aporten o incorporen a fondos o fideicomisos serán públicos y no gozarán de la protección del secreto o reserva fiduciarios para efectos de su fiscalización.
Para garantizar que estas medidas se lleven a cabo se formará un Comité de Evaluación, el cual será el encargado de desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política.
Para su implementación, serán las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público quienes emitan, 90 días naturales después de su entrada en vigor, los Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación.
Éste se integrará por el mismo número de representantes para ambas dependencias y la presidencia de este se alternará entre éstas. Deberán elaborar un Informe de Austeridad Republicana de forma anual, mismo que serán presentados ante el Ejecutivo Federal y remitido a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Dicho informe deberá de contener, al menos, medidas tomadas por la Administración Pública Federal, impacto presupuestal de las medidas, temporalidad de los efectos de ahorro, posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana, y destino del ahorro obtenido.
Su artículo 27 establece que dicha estadística deberá servir paras retroalimentar y mejorar futura medidas de austeridad republicana.
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