El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que obliga a que su presidencia sea ocupada por una mujer –por esta ocasión– y alarga su estancia en el cargo por cuatro años.
Con 246 votos a favor y 208 en contra, el dictamen fue aprobado en medio de críticas por no respetar los acuerdos a los que se había llegado en las comisiones unidas de Justicia y Transparencia y Anticorrupción para quitar los transitorios quinto y sexto que establecen que la presidencia sea ocupada Natalia Téllez Torres Orozco, la única mujer de la tercera Sección Tercera.
“En el supuesto de que las y los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la Presidencia, lo postulación se realizará, por única ocasión, por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género”, se lee en el quinto transitorio.
Al presentar el dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó las advertencias que abogados hicieron durante un foro en el que acusaban era una reforma a modo y durante la discusión en comisiones aseguró que “es una simulación a la paridad”.
La diputada Carolina Viggiano, del PRI, pidió que no se utilice el tema de la paridad de género –argumento de diputados de Morena para apoyar la aprobación de la iniciativa presidencial– para justificar la reforma, pues la especialidad y la profesionalización tendrían que ser los requisitos para ocupar la presidencia.
“Llegar ahí, llegamos con capacidad, no simplemente porque por la puerta de atrás se esté modificando la ley para dejar espacio a la futura presidencia del lugar”, sostuvo.
Al señalamiento se sumó el diputado Éctor Jaime, quien dijo que la iniciativa es “un traje en la medida” hecho por morenistas a los que llamó “sastres” para que Téllez Orozco, que acusó es cercana al presidente López Obrador, asuma la presidencia.
La reforma elimina además la restricción de los magistrados de la Sección Tercera para integrar la presidencia del Tribunal, obliga a los magistrados a razonar sus votos particulares, dentro de los diez días siguientes a la sesión que emita la sentencia correspondiente y grabar las sesiones que sean determinadas como públicas.
La minuta fue enviada al Senado para su análisis y en caso de aprobación remitida al Ejecutivo para la entrada en vigor.
