/ martes 12 de noviembre de 2019

CCE se pronuncia ante la Corte contra Ley Bonilla

Desde su perspectiva la llamada Ley Bonilla vulnera la Constitución mexicana

El Consejo Coordinador Empresarial informó que la totalidad de los presidentes del Consejo Coordinador y de los 12 organismos que lo conforman, presentaron de forma conjunta y como ciudadanos, un Amicus Curaie (amigos de la corte) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de allegar consideraciones al decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California, llamado también "Le y Bonilla" que extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador

Expresa que la idea es que, a través de este mecanismo, el Consejo aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial quien será el que determine si procede o no la ampliación de 2 a 5 años la gestión de gobernador de Jaime Bonilla.

El CCE enfatiza que el Amicus Curaie permite que terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, puedan presentar una opinión técnica a un tribunal que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial.

Desde su perspectiva la llamada “Ley Bonilla”-, que extiende a 5 años el mandato del Gobernador, Jaime Bonilla, contraviniendo el periodo de 2 años por el que fue electo el pasado 2 de junio, vulnera la Constitución mexicana.

“Esta es la primera vez que el CCE hace uso de esta herramienta jurídica para fijar su postura técnica frente a una controversia judicial”, señala la cúpula empresarial.

Se señala que, en el escrito presentado, los presidentes de los organismos empresariales buscan defender ante el Poder Judicial de la Federación, la conservación y el respeto del sistema democrático de México.

Entre los argumentos presentados ante la SCJN están: el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución Federal, que indica que las leyes electorales deberán modificarse con cuando menos noventa días de antelación al inicio del proceso electoral.

También constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución, ya que los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un Gobernador que duraría en el cargo 2 años y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.

Otro de los argumentos es que la determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad.

Eso, dicen, se traduciría en un régimen de democracia aparente donde de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores.

Señala que de acuerdo al Artículo 116 constitucional establece que los gobernadores cuyo origen sea la elección “en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo…”, esto es, se prohíbe cualquier forma de reelección, incluyendo las formas en las cuales se pueda simular la misma.

El Consejo Coordinador Empresarial reitero su condena a la aprobación de esta ley, que se contrapone a la expresión de la ciudadanía en las urnas, y pone en entredicho la democracia y el Estado de Derecho en Baja California.

El Consejo Coordinador Empresarial informó que la totalidad de los presidentes del Consejo Coordinador y de los 12 organismos que lo conforman, presentaron de forma conjunta y como ciudadanos, un Amicus Curaie (amigos de la corte) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de allegar consideraciones al decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California, llamado también "Le y Bonilla" que extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador

Expresa que la idea es que, a través de este mecanismo, el Consejo aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial quien será el que determine si procede o no la ampliación de 2 a 5 años la gestión de gobernador de Jaime Bonilla.

El CCE enfatiza que el Amicus Curaie permite que terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, puedan presentar una opinión técnica a un tribunal que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial.

Desde su perspectiva la llamada “Ley Bonilla”-, que extiende a 5 años el mandato del Gobernador, Jaime Bonilla, contraviniendo el periodo de 2 años por el que fue electo el pasado 2 de junio, vulnera la Constitución mexicana.

“Esta es la primera vez que el CCE hace uso de esta herramienta jurídica para fijar su postura técnica frente a una controversia judicial”, señala la cúpula empresarial.

Se señala que, en el escrito presentado, los presidentes de los organismos empresariales buscan defender ante el Poder Judicial de la Federación, la conservación y el respeto del sistema democrático de México.

Entre los argumentos presentados ante la SCJN están: el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución Federal, que indica que las leyes electorales deberán modificarse con cuando menos noventa días de antelación al inicio del proceso electoral.

También constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución, ya que los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un Gobernador que duraría en el cargo 2 años y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.

Otro de los argumentos es que la determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad.

Eso, dicen, se traduciría en un régimen de democracia aparente donde de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores.

Señala que de acuerdo al Artículo 116 constitucional establece que los gobernadores cuyo origen sea la elección “en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo…”, esto es, se prohíbe cualquier forma de reelección, incluyendo las formas en las cuales se pueda simular la misma.

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