El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, con la Mayoría de Morena y sus aliados del PT y PES, el proyecto de demanda de inconstitucionalidad a las modificaciones que hizo el Congreso de Tamaulipas a las reglas de procedimiento de desafuero entre ambas asambleas.
Con 285 a favor, 46 abstenciones y 77 votos en contra, el pleno camaral avaló que el recurso de inconstitucionalidad, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) decida si es válida la modificación del Congreso de Tamaulipas para proteger a su gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Es de recordar que los diputados locales del PAN, PRI y MC en Tamaulipas, modificaron las reglas de homologación del desafuero con el Congreso de la Unión, el pasado 2 de marzo, para blindar al gobernador de esa entidad, de un eventual desafuero.
Lo anterior, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero pasado, solicitó a la Sección Instructora del Congreso de la Unión la procedencia para retirarle el fuero a García Cabeza de Vaca, debido a una investigación que realiza en su contra, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró que en la solicitud de desafuero en su contra presentada por el Ministerio Público existen “suposiciones y especulaciones” sobre los hechos de los que se le acusa; por lo que precisó que “serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos”.
“Extrañamente, en la solicitud presentada por el ministerio público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que para efectos del desafuero se someten a consideración de la Cámara de Diputados”, explicó en un comunicado el funcionario.
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El mandatario local fue notificado formalmente de la solicitud de procedencia este lunes 1 de marzo. En dicho documento se señala un supuesto impago de contribuciones fiscales derivadas de la venta de un departamento de la propiedad de Cabeza de Vaca.
“La imputación de lavado de dinero proviene de qué el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”, agregó el gobernador.
