El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para efectuar la convocatoria de consulta popular el jueves 15 de julio de 2021, bajo el argumento de Morena que no habrá perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejecute las acciones preparatorias para realizar el proceso electoral.
De este modo, los legisladores federales avalaron que este plebiscito para preguntar si se debe investigar a los expresidentes por sus decisiones del pasado, no coincida con las elecciones y no enturbie el proceso electoral federal del 6 de junio.
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Originalmente, los diputados enmendaron la fecha de la consulta, la cual estipulaba que sería el 28 de octubre, día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por ello corrigieron que será en julio del próximo año.
El documento fue aprobado por 306 votos a favor, 154 en contra de la oposición y remitido al presidente de la República para sus efectos constitucionales.
En su oportunidad, Rocío Barrera Badillo, diputada morenista y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, expresó que la modificación de convocatoria de Consulta Popular tiene el propósito de no generar un efecto indeseado de propaganda gubernamental.
Sin embargo, la oposición considera lo contrario y afirma que, durante el proceso de campaña y precampaña, Morena y sus aliados harán eco de esta reforma para distorsionar la opinión del electorado.
En su oportunidad la diputada Martha Tagle expresó: “Estamos hoy ante una nueva maroma legislativa de la mayoría, que parte de una serie de omisiones” de Morena y que no resuelve el problema, porque en principio, dijo “nunca se hizo la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular”.
Además, precisó que de manera apresurada y sin detenerse a ver los aspectos legales que contenía la convocatoria para la consulta popular, “este Gobierno, en un afán total y absolutamente electorero, ha querido utilizar la consulta popular como un medio para mantenerse en campaña, como un medio para estar en la boleta electoral y ayudar a su partido a que levante un poco en las elecciones federales del próximo año”.
En su oportunidad, el diputado priista Enrique Ochoa Reza acompañó esta opinión y dijo que la modificación “es una suma de concierto de errores, un concierto de errores que está generando incertidumbre jurídica a la ciudadanía y al Instituto Nacional Electoral”.
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